El solar del vivero de empresas tecnológicas de Ventanielles, completamente abandonado desde 2014. P. LORENZANA

El Supremo confirma los fallos del proyecto del vivero tecnológico de Ventanielles

El auto fija también la responsabilidad de Los Álamos por abandonar la obra sin motivo y obliga a una compleja liquidación del contrato

G. D. -R.

OVIEDO.

Lunes, 25 de mayo 2020, 00:31

Ya no hay vuelta de hoja. La historia del fracaso del vivero para empresas tecnológicas de Ventanielles y de cómo el Ayuntamiento perdió 1,44 millones de euros de fondos europeos al abandonar Los Álamos la obra ya no se puede mover. La sala de ... lo Contencioso del Tribunal Supremo ha inadmitido, por carecer de interés casacional, el recurso de la constructora asturiana contra la resolución del contrato y le ha impuesto las costas hasta un máximo de 2.000 euros. El auto confirma el fallo del TSJA que avaló el del Contencioso 4 de los de Oviedo y deja fijado que el dictamen del Consejo Consultivo tenía razón y Los Álamos incumplió el contrato, pero que también el Ayuntamiento fue negligente y poco leal y sabía que el proyecto del edificio era defectuoso y debía ser corregido.

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La construcción del Innovalab, el vivero para empresas tecnológicas de Ventanielles, fue adjudicada en junio de 2014 a la empresa asturiana Los Álamos en seis millones de euros, de los cuales (1,44) provenían de los fondos Urban. Tras las elecciones del año siguiente y la pérdida de la Alcaldía por el PP, los trabajos se detuvieron.

En noviembre de 2016, con las obras completamente paradas desde hacía más de un año, el Ayuntamiento anunció la resolución del contrato por causas imputables a la contratista y pidió el preceptivo informe al Consejo Consultivo. El órgano asesor concluyó que el Consistorio tenía razón porque Los Álamos incumplió el plazo de ejecución, pero que no resultaba «justo hacer pechar a la empresa constructora en exclusiva con las consecuencias».

El dictamen, reiteradamente corroborado por la justicia, señalaba que el Ayuntamiento obvió en la resolución del contrato informes sobre las responsabilidades del autor del proyecto por los fallos de este y sobre la previsible imposibilidad de avance de las obras.

El Consejo Consultivo consideraba que el proyecto del edificio, contratado a Jovino Martínez Sierra por 133.000 euros en 2014, tenía defectos que habrían hecho inviable la ejecución del contrato de construcción y que tendría que haber sido modificado. Sin embargo, señalaba que Los Álamos paralizó las obras de forma unilateral antes de «culminar las tareas preparatorias de la cimentación», con lo que hizo imposible cumplir el plazo y conllevó «la pérdida de las ayudas europeas» del plan Urban para el proyecto. Como el Rey Salomón, dictaminó que el Ayuntamiento obró bien al resolver el contrato, porque fue decisión de Los Álamos parar las obras, pese a que «no existía ningún inconveniente para su continuación», pero ocultó que los inconvenientes del proyecto estaban más adelante: en la cimentación y que, por tanto, la administración no debía incautarse las garantías, 185.000 euros.

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Lo que toca ahora es liquidar el contrato desde esta perspectiva de culpas compartidas firme ya por el auto de inadmisión del Supremo. Todo puede acabar de nuevo en los tribunales. La constructora Los Álamos reclama al Ayuntamiento el pago de otros 113.000 euros por los gastos en los que incurrió la empresa desde la paralización de los trabajos hasta que se aprobó la resolución del contrato y la última certificación de obra. Se trata de gastos de alquiler de maquinaria, consumos y personal, que se sumarían a los trabajos efectivamente ejecutados y certificados por la empresa y los intereses legales. Del otro lado, el Ayuntamiento atribuye el fracaso del proyecto a «causas imputables a la contratista», por lo que debe exigir a esta daños y perjuicios y tal vez la pérdida de los fondos europeos.

Difícil obra y liquidación

La administración, sin embargo, no sale indemne. Resolvió el contrato «con abstracción» de sus propias responsabilidades y de las que «debían exigirse al proyectista» autor del diseño del edificio. Las municipales, porque el Ayuntamiento era «consciente de la necesidad de modificar el proyecto», pero ni siquiera inició el procedimiento. Tampoco se las exigió a Jovino Martínez Sierra por los fallos de diseño y debió reflejar en informes qué parte de la obra era ejecutable pese a los defectos del proyecto. Tampoco aclaró qué consecuencias habría tenido la necesidad de replantearse el diseño para la financiación europea.

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Al margen, la ciudad ha perdido los 1,44 millones de euros de fondos Urban reservados para subvencionar su construcción. Con un presupuesto total de 6 millones de euros, el InnovaLab era y, sigue siendo, hoy la mayor obra municipal licitada desde 2012. No era una sencilla. El suelo de la parcela elegida es un pequeño rompecabezas geológico que obligó a modificar el anteproyecto inicial. La franja en la que era posible cimentar el futuro edificio es estrecha, entre los 5,7 y 6,5 metros de profundidad. Y posible no quería decir fácil. Además, para poder acogerse a varias de las líneas de financiación del Urban el edificio diseñado debía de ser de impacto energético nulo.

Lo que ha quedado es apenas la excavación inundada de agua muchos días.

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