La Sareb busca comprador para sus 6,2 hectáreas de suelos en Loma del Canto I

Los suelos de Sareb suponen más de la mitad de los casi 110.000 metros cuadrados de una unidad de gestión, sobre la que el PGOU autoriza casi quinientos pisos y cien viviendas unifamiliares, pero también más de la mitad de la deuda de la junta de compensación con la única familia que no se adhirió al desarrollo del proyecto, que se aproxima a los 6 millones de euros y crece cada mes con los intereses. Más de la mitad o toda, porque los miembros de una junta de compensación responden solidariamente de sus obligaciones; o nada, porque los expropiados han pedido ante la justicia que derive la responsabilidad a la administración expropiante ante las dilaciones de los junteros: el Ayuntamiento de Oviedo.

De hecho, fue el Consistorio el que inició el problema. En la revisión del PGOU de 2006, dividió en dos unidades la actuación y premió con mucha más edificabilidad a Loma del Canto 1, tanto como para autorizar 600 viviendas sobre estos terrenos en la trasera del polideportivo de Vallobín, en plena falda del Naranco. Hubo denuncias de un posible «pelotazo urbanístico» que la Fiscalía acabó por archivar.

Animados por las mejoradas expectativas de negocio, todos los propietarios de suelos, salvo una única familia, se sumaron a la junta de compensación que lideraba Urvisa. El primer justiprecio por la finca no adherida, de 1,8 millones, y el enfriamiento de la burbuja eran malas señales, pero en 2012 el Jurado Provincial de Expropiación casi duplicó el coste de los terrenos, hasta los 3,3 millones de euros. Urvisa, de hecho, algo debía saber, ya que justo un día antes de que el jurado notificase su tasación, pidió al Ayuntamiento que desistiese de la expropiación y trató de frenarla en los tribunales. La huida terminó en febrero de 2014: el TSJA ordenó seguir el procedimiento y Urvisa desapareció semanas después.

La espantada de esta dejó al resto de propietarios frente a una deuda que ascendía a 3,25 millones de euros de principal, más casi otro millón en concepto de intereses y otros 1,27 millones como liquidación final de intereses, gastos y costas de ejecución. Hasta el momento solo han consignado su parte las administraciones: el Ayuntamiento, el Principado y la Sareb.

La batalla se libra en los tribunales, donde los miembros de la junta de compensación litigan incansables para demorar hacer frente al pago. Tanto que en noviembre pasado, el TSJA ordenó al Ayuntamiento ponerse al frente y notificar individualmente a los miembros sus cuotas pendientes.

A regañadientes, Urbanismo comenzó a enviar las cartas en enero. Como era esperable, los propietarios recurrieron las liquidaciones. Dos meses antes, parte de los miembros de la junta de compensación, con su secretario al frente, el abogado Miguel Teijelo, fueron recibidos por el alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta. «La sentencia hay que cumplirla, pero no hay dinero», explicaron después los junteros. Eso no ha variado.

La esperanza está en que el inversor atraído por Sareb haga una propuesta por el resto de los terrenos y asuma la deuda. Otros lo hicieron antes, pero aún hoy hay quien cree que puede haber negocio en estos terrenos y no hubo acuerdo.