El Tribunal Supremo inadmite el recurso de la junta de compensación

El auto deja la pelota en Asturias. Donde, de un lado, los expropiados han logrado que el TSJA ponga al frente de la gestión al Ayuntamiento, que envió las liquidaciones a principios de este año. De otro, los junteros tratan de demorar el trámite recurriendo las liquidaciones. Por detrás, se dirime si se puede derivar ya directamente la responsabilidad de la expropiación al Ayuntamiento como administración actuante. Ese es el camino más peligroso para las cuentas municipales, en lo que el portavoz socialista, Wenceslao López, llama «una pequeña Villa Magdalena».

Sería más apropiado hablar de un 'pequeño Miño', por el municipio gallego que llegó hasta el Supremo para no tener que hacer frente a los pagos de una operación residencial -una macrourbanización de segundas viviendas- impulsada por Fadesa y después arrastrada por la quiebra de Martinsa, la entonces mayor inmobiliaria de España. Miño peleó con vehemencia y recurrió hasta donde le dejaron, pero el Supremo hizo responsable al pequeño municipio pontevedrés. Le cayeron 25 millones de euros de las expropiaciones de la urbanización (Costa Miño Golf) de la quebrada Martinsa-Fadesa. Si sirve de consuelo, a cada vecino de Miño le salió a 4.300 euros por barba. La cuenta en Oviedo crece día a día con los intereses, pero aún es una cuarta parte.

La veintena larga de los afectados aduce que no puede pagar, pero hay intereses contrapuestos. Los grandes propietarios quieren dinero por sus terrenos, además de que alguien asuma sus deudas. Los pequeños casi se conformarían con lo segundo y el pago de las preexistencias. No todos tienen el mismo peso, los hay que son dueños de 11.000 metros y los hay que apenas suman 300.

La disparidad de intereses dificulta una solución. Frenó, por ejemplo, la oferta de un fondo de inversión alemán, interesado en hacerse con todos los terrenos. Ofrecía asumir el pago de la expropiación y, además, las preexistencias: las casas, casetas o el (cerrado) llagar de Concinos, pero no cuajó. A los propietarios más pequeños, tal vez les hubiese podido interesar: se libraban del pago y obtenían unos euros (pocos) por sus bienes; a los mayoritarios, en cambio, les saldría mejor que pagase el Ayuntamiento. Seguirían siendo dueños de 11.000 metros cuadrados de suelo urbano edificable.

De hecho, tras confirmarse el justiprecio en 3,2 millones, la junta de compensación votó, en abril de 2016, intentar endosar la expropiación al Ayuntamiento. Según consta en el acta de la reunión, los junteros votaron en contra de las derramas para abonar el justiprecio. No consta que nadie hiciese alusiones a la imposibilidad de pagar. Votaron en contra.

En el debate se planteó intentar concursar la junta de compensación, pese a la oposición de la representación municipal. La administración concursal de Urvisa -la promotora que lideraba el ámbito hasta su quiebra- se opuso al pago, intentó declarar en concurso a la junta de compensación con «la finalidad de terminar la expropiación y trasladar al Ayuntamiento íntegramente la responsabilidad del pago del justiprecio», según refleja el acta de aquella reunión. El Consistorio votó en contra, el Principado, no.