Somos Oviedo insta a mantener el cambio de nombre en 17 calles ligadas a la dictadura

En declaraciones a los periodistas, Taboada ha subrayado que no comparte la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Oviedo que anula el cambio de nombre de diecisiete calles de Oviedo aprobado por el anterior equipo de gobierno municipal (PSOE, Somos e IU) en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. «No compartimos para nada la sentencia del juez y que haya puesto en tela de juicio a personas de prestigio, como profesores universitarios o a la archivera municipal que realizó un prolijo trabajo de documentación para saber si estas calles podría ser retiradas», ha subrayado la edil, que ha afirmado que esta sentencia anula el dictamen del tripartito por motivos formales y no entra en el fondo de la cuestión.

Por su parte, el diputado regional de Podemos Asturies Rafael Palacios ha instado al Gobierno regional a que utilice el instrumento de la ley para cumplir y de hacer cumplir esta norma a todos los ayuntamientos, incluido el municipio de Oviedo. «Lo marca claramente el artículo 48. Hay incumplimientos, graves, muy graves e intervenciones. La Dirección General de Memoria Histórica tiene las herramientas y directamente la Consejería de Presidencia y el Gobierno de asturiano pude sancionar e intervenir inmediatamente», ha recalcado.

El artículo 48 considera contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas cualquier exhibición pública de escudos, insignias, placas y demás objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación,legitimación, justificación, enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, o en general de cualquier organización contraria a los principios democráticos.

El fallo en favor de José María Pérez y la Hermandad de Defensores de Oviedo, que habían presentado el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 7 de marzo de 2019, declara la «nulidad de los acto recurridos por no ser conformes con el ordenamiento jurídico».