El Contencioso anula el cambio de nombre de diecisiete calles de Oviedo ligadas a la dictadura

Hay que viajar en el tiempo para explicar las razones que argumenta el magistrado, Miguel Ángel Carbajo. El anterior equipo de gobierno, el tripartito, decidió en 2016 cambiar, apelando a la Ley de Memoria Histórica, el nombre de 21 calles, pero la decisión fue anulada por otro juzgado, el número 6, porque el acuerdo se había tomado sin motivación y sin, como exige la ley, un informe de los expertos proponiendo esos cambios.

Tras la anulación y viendo las dificultades, el exalcalde Wenceslao López convocó un comité de expertos. Con ese respaldo, la junta de gobierno dividió los cambios que quería hacer en dos lotes: modificó 17 calles en virtud de la Ley de Memoria Histórica y teniendo los informes de dicho comité; mientras que para las otras cuatro calles sobre las que había dudas de que cumplieran los requisitos de la norma -por haber sido concedidas, por ejemplo, antes de 1936-, apelaron a la competencia del alcalde para renombrarlas.

La cosa salió regular. La magistrada del Contencioso 6 anuló el cambio de dichas cuatro calles -Fernández-Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla- porque se efectuó con «la única finalidad de no cumplir la sentencia» que ya anulaba otro acuerdo anterior del Ayuntamiento, sin embargo mantuvo la sustitución de los nombres de las otras 17. Un criterio que fue respaldado por el TSJA.

Tras los recursos planteados sobre este último acuerdo, el magistrado señala ahora que el tripartito acudió a una comisión de expertos, «condición que desde luego cabe poner en duda en buena parte de sus miembros», a los que identifica y vincula con asociaciones y partidos de izquierdas, lo que «como acertadamente expone la Hermandad de Defensores de Oviedo en su precisa demanda, atenúa la apariencia de objetividad de sus conclusiones». Por lo que entiende que el tripartito intentó «dar una fingida motivación» al comité ante la exigencia del Contencioso 6.

Ayer, el segundo teniente de alcalde, el popular Mario Arias, calificó el fallo como «un varapalo muy importante al tripartito y a la gestión del anterior alcalde». «Nosotros no estamos para reabrir heridas que se cerraron hace muchos años», señaló, pero se mostró prudente acerca de las consecuencias del fallo: «Vamos a someterlo a la consideración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento; la sentencia no es firme todavía y nos guiaremos por lo que nos digan».

En la misma línea, el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, destacó que el fallo «significa que los ovetenses tendremos que seguir pagando de nuestro bolsillo por una actuación negligente, impropia de un gobierno, entre otras cosas, las costas del juicio». «Esto es lo que pasa cuando se gobierna desde el sectarismo y el revanchismo», dijo y exigió a Wenceslao López y Ana Taboada que pidan «perdón a los ovetenses a los que han causado tantos trastornos y gastos innecesarios».

Por su parte, el socialista, Ricardo Fernández, anunció que su grupo seguirá batallando para preservar la memoria democrática. «Es una vergüenza que personas que fueron genocidas y vinculadas a una dictadura criminal, tengan calles en homenaje en este país», denunció. El edil defendió la calidad del grupo de trabajo y resaltó que, «en el fundamento cuarto del fallo, el juez dice que no es recurrible y en las conclusiones que sí es recurrible. Lo dejo ahí como muestra de su calidad», concluyó el concejal socialista.