El Ayuntamiento de Oviedo elude concretar una solución para las educadoras infantiles

A la sesión asistieron una treintena de educadoras, secundadas por otro centenar, entre empleadas, familiares y representantes sindicales. En la plaza del Ayuntamiento corearon en varias ocasiones: «Costillas, dimisión» o «no somos prescindibles».

Las trabajadoras recibieron por carta la comunicación de la extinción de sus contratos el lunes, cuando se habían incorporado a sus puestos y apenas media hora antes de que el equipo de gobierno diese una rueda de prensa en la que aseguró lamentar la situación, pero que no había otra opción dada la existencia de un informe que señalaba que persistir en ese tipo de contrataciones podría suponer prevaricación.

Ayer quedó claro que solución no hay o que, al menos, PP y Ciudadanos no han dado de momento con ella. «Nadie en este Ayuntamiento fue capaz de darnos una solución que no pasase por la comisión de un delito», insistió Arias. Nadie reaccionó tampoco cuando la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, recordó la similitud de estas situación con la de los trabajadores de colaboración social, que salvó el anterior equipo de gobierno con un informe, un poco sui generis, que permitió levantar los reparos de otros servicios y renovar los contratos de estos trabajadores con la promesa de regularizar la situación. «Falta voluntad política», denunció la líder de Somos.

De la sesión, las educadoras sacaron sus propias conclusiones. Una vez finalizada y a petición de Taboada, pudieron hacer oír su voz. Jessica Briones, que encadena contratos por obra y servicio como el que ahora no le han renovado desde 2011, resumió el escenario como «recortes y animadversión». «Necesitan recortar y su estrategia es clara: primero, quisieron enfrentarnos a las familias a cuenta del horario; después, quisieron hacernos creer que la semana pasada descubrieron el informe, y ahora, tratan de enfrentarnos entre nosotras» ofreciendo ampliar jornadas. Al final, concluyó, «ofrecerán contratos de septiembre a junio», en lo que calificó como «un ataque a la primera educación que reciben los niños de esta ciudad, los hijos de sus amigos y los futuros amigos de sus hijos».

En esa línea insistió Taboada, que vinculó las protestas de las trabajadoras por los planes del equipo de gobierno de rehacer el calendario pactado a finales del mandato pasado con «los despidos».

Costillas se defendió afirmando que se trata de un problema que viene de lejos, de 2014, cuando el Tribunal Supremo confirmó que el Ayuntamiento había contratado de forma fraudulenta a las 92 educadoras que tenían entonces las escuelas infantiles. «Ustedes no hicieron nada por solucionarlo, nosotros vamos a hacerlo de una manera clara, rigurosa y de acuerdo a la ley». ¿Cuál? No lo dijo. Con eso y «con una reunión con el Principado».

El concejal de Vox, Hugo Huerta, calificó la situación «de nuevo episodio oscuro de este gobierno, ayudado por el anterior». Fue quien más claro habló: «No se puede hacer de la peor manera, horas después de su incorporación y por carta», y añadió que «no se creen ni ustedes eso de que ampliarán las medias jornadas, porque lo que no podrán ampliar el número de brazos y de piernas, seguirán teniendo dos». Alertó del efecto que tendrá sobre el servicio, «saben ustedes lo que es el llanto de un bebé, súmenle otros doce para una sola persona».

Las trabajadoras demandarán y tienen posibilidades de ganar.