El equipo de gobierno acusa a López de ocultar información sobre La Vega

Antuña sostuvo que, tras estudiar los legajos, lo único que hay «es una operación propagandística» y acusó a López «de un hecho gravísimo, de mentir a la ciudadanía» por «ocultar» un informe remitido por Defensa el pasado 21 de marzo en el que, en referencia al valor catastral, estimaba un valor de 44 millones de euros y que «no apareció en el expediente hasta el 6 de junio», una vez pasadas las elecciones.

Cristina Coto, por Vox, habló «de falta de transparencia en la negociación de La Vega», que resumió como «todo propaganda, desidia y mentira» y que calificó como «gravísimo» que no aparezca en el expediente el informe sobre los criterios de valoración de los terrenos y que la defensa de López «sea invocar acuerdos verbales».

Más dura, Ana Taboada, de Somos, responsabilizó de la situación -en la que entran desde el cierre de la factoría, los despidos de Trubia y la pérdida de tejido industrial- a PP y PSOE. Recordó que hasta su gobierno «nadie se había reunido con Defensa», pero después construyó un relato del que concluyó que, desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, la negociación, encaminada con Cospedal, se torció. «Wenceslao se esforzaba por ocultarlo, pero era evidente que habíamos entrado en vía muerta». Justificó así la proposición que llevó a través de Podemos al Congreso y gracias a la cual «nos enteramos de que existía un informe contrario. A partir de ahí empezó la pantomima», como calificó los últimos meses de negociaciones. «A día de hoy sigue siendo del Ministerio de Defensa».

Visiblemente molesto, Wenceslao López anunció que desmontaría «las falsedades» e insistió «en que mientras se cuestiona a mi gobierno, Defensa lleva dos meses esperando a que les llamen para cerrarlo». «Si se ponen a trabajar, este año se puede cerrar el convenio de enajenación por un precio inmejorable para Oviedo».

«Se ha dicho que estaba oculto y es falso», se defendió, sosteniendo que el polémico informe «estaba en el Registro» y, citando, un correo de «un alto cargo de Defensa» de mayo, que la valoración está sin hacer, que lo único que «hizo el Ministerio fue transcribir la catastral». López defendió que, además, gracias a ese informe pudo saber que el Catastro tenía valorado el recinto como usos residenciales y «lograr, a la tercera, un informe que reconoce que es industrial» y permitirá rebajar «a menos de la mitad la tasación».

No convenció a Antuña: «Si no lo conocía su vicealcaldesa, cómo iba a conocerlo la oposición». Tampoco a Taboada: «¿No pretendería que revisemos los miles de escritos que entran por el Registro?». «Le veo nervioso», cerró Canteli.