El Consistorio prescinde de 26 educadoras a tres días de la apertura de las escuelas infantiles

Al alimón, los ediles del equipo de gobierno aseguraron «lamentar profundamente» tener que tomar esta decisión, «pero nadie en el Ayuntamiento nos ha ofrecido una solución que no suponga saltarse la legalidad vigente», destacó Arias. Vidal quiso mandar «un mensaje de tranquilidad a las familias» y anunció que, mientras se busca una solución, el Ayuntamiento ofrecerá a las trabajadoras a tiempo parcial pasar a jornada completa para paliar la falta de personal. De momento, «hemos pedido una reunión con la Consejería de Educación para abordar el problema», avanzó Vidal.

Las afectadas, que siguieron la comparecencia en la misma sala de prensa, no quedaron satisfechas. Primero por las formas. El Ayuntamiento publicó sus contrataciones el mes pasado y solo ayer, «a las 12.30 de esta mañana, vino un señor a notificarnos que no teníamos contrato», explicó Jesica Briones, que ha encadenado contratos como el que ahora descarta firmar el Ayuntamiento «desde 2011». Contratos «en fraude de ley», como los definió ayer Mario Arias, pero que desde esa fecha fueron firmados por el PP y, durante el pasado mandato por Izquierda Unida (IU).

Un año después, en 2012, los juzgados dieron la razón a las educadoras, entonces 92, y obligaron al Ayuntamiento a incorporarlas a su plantilla como laborales no fijos. En eso nada ha cambiado, cada trabajadora contratada que ha ido a los tribunales ha ganado desde entonces. De las 21 no renovadas ayer, hay 14 que ya ha presentado denuncia y el resto lo hará en los próximos días. Mario Arias confirmó ayer que si las sentencias siguen la misma línea, el Ayuntamiento readmitirá a todas. Mucho ruido, demasiado, para acabar igual.

El problema no es, además, exclusivo del consistorio ovetense. El Principado decidió desarrollar las escuelas infantiles mediante convenios con los ayuntamientos. En teoría, estos construían, mantenían y equipaban los centros y el Principado transfería el dinero para las nóminas del personal que tenían que contratar los entes locales. La jugada salió como era previsible. En todos los concejos, los trabajadores ganaron en los tribunales ser reconocidos como personal municipal. A día de hoy, la ficción se mantiene. El Principado aporta poco más de un millón de euros para unas escuelas que cuestan al Ayuntamiento muchísimo más, casi cinco.

A la oposición la decisión del equipo de gobierno le pareció, a la vez, «terrible y preocupante», en palabras del edil socialista, Ricardo Fernández. Partido Popular y Ciudadanos, afirmó, «están poniendo en riesgo un servicio público» con una estrategia «que comenzó cuando cuestionaron el calendario laboral pactado con los trabajadores», a finales del pasado mandato.

Fernández, además, rechazó la acusación de Mario Arias acerca de la presunta ocultación del informe de Abogacía Consistorial: «Es una falsedad, una mentira en toda regla, ya que ese informe se ha incorporado a una junta de gobierno» y las actas son públicas y «accesibles para la totalidad de los once concejales populares» del pasado mandato.

Para la portavoz de Somos, Ana Taboada, el intento de culpar al anterior gobierno «es un insulto a la inteligencia». La líder de Somos vinculó, en una rueda de prensa que convocó ayer por la tarde, la decisión del gobierno local con un intento de «amedrentar» a las trabajadoras y «un ataque a un servicio público» modélico en Oviedo, «con la pareja educativa, las tasas a la mitad y una bolsa de empleo que no había para cubrir vacantes. Es un recorte para garantizar que sus amigos paguen menos impuestos, quitando el IBI diferenciado y subirse los sueldos. Una sinvergonzonería», concluyó Ana Taboada.