La comisión de Aquagest acusa a Caunedo de «maniobras contrarias al interés público»

Sin esas dos piezas y sin la declaración del interventor ante el Juzgado Número 1 de Lugo, donde está imputado junto al exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo, por presuntamente favorecer a la empresa y devolverle el aval de 800.000 euros al que no tendría derecho, las conclusiones son parciales. En un comunicado de prensa, el equipo de gobierno puso el acento ayer sobre el papel del líder de la oposición en el caso. «De todas estas conclusiones sobre los expedientes y las comparecencias, se deduce la existencia de una clara responsabilidad política», reza el dictamen, «por el cúmulo de decisiones erróneas, oscuras, carentes de justificación y contrarias al interés público». Una «responsabilidad» que «alcanza de manera principal al entonces concejal de Economía y posterior alcalde de la ciudad, Agustín Caunedo», reza la propuesta.

Incluso así, el dictamen reconoce que ello se hace «con independencia del pertinente reproche técnico sobre la actuación de los funcionarios intervinientes y los efectos disciplinarios o judiciales que se pudieran, en su caso, derivar». Porque la propuesta de Taboada señala que el responsable del perjuicio económico de devolver el aval a la empresa en lugar de imponerle penalidades por incumplimiento de contrato es «el interventor, que negocia una compensación económica con la empresa como si se tratara de fondos económicos de naturaleza privada y no de recursos públicos». Un daño que la propuesta cifra en 166.000 euros al menos.

El informe de la presidenta de la comisión dedica espacio a vincular los viajes que la empresa presuntamente pagó a Caunedo y por los que está siendo investigado, con el cambio de criterio del interventor, que pasó de pedir la incautación de las garantías a proponer su devolución a Aquagest. Recuerda que, en su comparecencia, Caunedo reconoció que se solía reunir con el interventor y que pudo haberlo hecho a mediados de febrero de 2009, cuando el entonces concejal de Economía voló de vuelta a Oviedo desde Nueva York y París, «en viaje presuntamente abonado por el Grupo Aguas de Barcelona al que pertenecía la UTE Asturagua- Aquagest».

El vínculo, sin el testimonio del interventor ni pruebas adicionales, se queda en que «se entiende que el viernes 13 de febrero» de aquel año, «el día después de llegar del viaje», Caunedo pudo haberse reunido con el habilitado nacional, «habida cuenta de la actuación trascendental de este mismo funcionario» en el asunto al día siguiente. «El asunto», aclara el dictamen, no es otro que «la devolución de la fianza» a la empresa por «presuntamente le había financiado tal recientísima estancia turística a Caunedo».

La propuesta de Taboada, que se someterá a comisión el martes, no puede ir más allá por ese camino, pero sí carga las tintas contra el extraño papel del alto funcionario. En un resumen, Aquagest y el Ayuntamiento terminaron su vinculación contractual de mala manera. Cuando la empresa solicitó que se le devolvieran el aval (240.000 euros) y otras garantías (600.000 euros más), el Ayuntamiento con informes del interventor, una asesoría externa y por Tesorería, que dijo que el derecho a devolución había caducado, respondieron que no procedía y que, además, había que imponer penalidades a la empresa por 166.000 euros por haber incumplido las mejoras que propuso en la adjudicación.

La empresa acudió a los tribunales y, en primera instancia, la razón cayó del lado del Ayuntamiento. Sin embargo, en febrero, sin que nadie se lo ordenase, autorizase ni informase en este sentido, el interventor propuso un acuerdo con la empresa para devolverle el dinero a cambio de que esta renunciase a recurrir la sentencia, entendiendo que eran intereses equivalentes. Extraño, ya que la primera desestimación se había producido cinco meses antes. Y sí, la propuesta se firmó justo después del regreso de Caunedo de su viaje.

A efectos prácticos, el informe propone mejorar los controles sobre la contratación de servicios públicos, pero también estudiar la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas aclare si se produjo una responsabilidad por alcance.