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GONZALO DÍAZ-RUBÍN
OVIEDO.
Domingo, 1 de octubre 2017, 02:38
«Durante el reciente proceso de elaboración del plan de autoprotección del Auditorio Príncipe Felipe, se dio traslado a este departamento del borrador de dicho plan». La frase es textual de Mercedes Arbesú, la funcionaria responsable de Edificios y Patrimonio, de su informe del pasado ... 18 de agosto en el que señala que no es posible mantener el uso del edificio por sus «graves deficiencias» de seguridad y protección contra incendios. Llama 'reciente' a un plan cuya primera versión, lo que define como 'borrador', lleva en el Ayuntamiento más de un año. En concreto, Premap lo entregó en mayo de 2016 y fuentes del servicio confirman que «señalaba los mismos problemas» que ahora tienen al borde del cierre el Auditorio.
Sin embargo, el equipo de gobierno no movió ficha hasta once meses después, cuando el servicio de Prevención entregó un informe sobre las deficiencias del edificio, entre las que destacan la insuficiente protección contra el fuego de materiales y rutas de evacuación y la insuficiencias de estas últimas. En caso de emergencia, las tres escaleras solo serían capaces de evacuar al 20% del aforo teórico del edificio, de 4.300 personas.
Solo entonces y tras un nuevo informe de Edificios y Patrimonio, que se demora otro mes más, el Ayuntamiento contrató un nuevo dictamen en profundidad sobre las condiciones de seguridad y protección contra incendios del edificio. Lo hizo con el arquitecto José Luis Pérez-Lozao, responsable del Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio de Arquitectos.
A mediados de agosto, el experto termina su trabajo. Concluye, como el Ayuntamiento sabe desde hace más de un año, que el edificio presenta graves problemas. Algunos, los más importantes, tienen que ver con el diseño original del edificio, con vías de evacuación, rociadores, sectorización.. que no cumplen la normativa de seguridad desde que se puso en servicio. Otros son más sonrojantes: alguien ha dejado caducar las certificaciones de los materiales ignífugos de butacas, paramentos o revestimientos.
Son cosas inexplicables. Como que la funcionaria informase pidiendo el cierre del edificio, subiese el documento a la plataforma digital del Ayuntamiento -Firmadoc- y dejando apenas esbozadas algunas soluciones parciales y su presupuesto estimativo de licitación, unos 850.000 euros. Ni plazos ni proyectos.
Todos los defectos, salvo las caducidades, llevan ahí desde que se inauguró el edificio. El informe destaca la necesidad de proteger las escaleras de emergencia y ascensores, de crear espacios de seguridad ante ambas vías de evacuación, de aumentar el número de rociadores sobre la sala Principal y la Polivalente y de abrir, al menos, otras cinco salidas para la correcta evacuación de la planta baja. En concreto, una cerca de las taquillas, que deberían ser reubicadas; otra hacia la plaza del Fresno, para lo que habría que enrasar el nivel del hall en esta zona con el de la calle y otras tres en la fachada que da al callejón de Faustino Roal.
El informe también cae en la cuenta con 18 años de retraso de que las dimensiones del vestíbulo superan ampliamente las permitidas por la normativa. Sus casi 5.000 metros cuadrados hacen necesario instalar rociadores automáticos. La funcionaria advierte que no será ni barato ni fácil ni bonito. La amplia superficie a cubrir, el doble que lo permitido, los materiales y su acabado y la necesidad de minimizar el impacto visual, harán «compleja y costosa esta actuación».
Con ese informe en la mano, el alcalde diseña un plan de actuación urgente. Otro mes largo de demoras que se achacan, precisamente, a las vacaciones de la funcionaria que emitió el dictamen. Wenceslao López no se lo comunicó a sus socios de gobierno hasta esta semana. Un movimiento que ha dado pie a Somos Oviedo a sostener que se les ha dejado al margen de un asunto tremendamente importante para la imagen de la ciudad, sensible para la ciudadanía y que puede acarrear reclamaciones millonarias si el Ayuntamiento se ve obligado a cancelar eventos o congresos.
Desde enfrente, sus socios replican que no pueden alegar desconocimiento de un tema «que se ha tratado varias veces en junta de gobierno». Han tenido tiempo para hacerlo. Desde el informe de Premap se han celebrado 70 reuniones.
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