Irá a peor

El enfoque del Gobierno para atajar la carestía de la vivienda es erróneo en origen. Si se quiere lograr que el precio de la vivienda vuelva a ajustarse acorde al poder adquisitivo de la ciudadanía, pretender alcanzar esto a base de subsidios es un disparate dadas las circunstancias. Los subsidios contribuyen a incrementar la demanda sin atajar el verdadero problema, que en este caso es la escasez de oferta. Respecto a los alquileres, los subsidios también producirán resultados perversos ante la creciente inseguridad jurídica que las propuestas del Gobierno han generado, y que han empujado a muchos propietarios a retirar sus activos del mercado, reduciendo de nuevo la oferta e impulsando los precios también para quien busca una alternativa a la compra.

El gravísimo problema del acceso a la vivienda enlaza directamente con otros datos preocupantes. El pasado jueves EL COMERCIO reflejaba, en una noticia de Olga Esteban, cómo uno de cada cuatro asturianos tiene serios problemas para afrontar imprevistos o cubrir algunas necesidades básicas, y los datos a nivel nacional no difieren demasiado. La última Encuesta de Condiciones de Vida del INE refleja que un 20,2% de la población española se encuentra en la misma situación. Es de esperar que estos datos empeoren en la medida que el creciente coste de la vivienda continúe detrayendo más recursos a las familias, recursos que no pueden ser destinados al ahorro o a cubrir otras necesidades básicas.

Pero lo realmente alarmante, es que estamos hablando de unos problemas frente a los que no existen soluciones mágicas o inmediatas, y a los que es imposible que una coalición tan heterogénea como la que sostiene al Gobierno pueda ofrecer soluciones efectivas. Esperar que formaciones tan dispares en términos de modelo económico puedan llegar a consensuar una estrategia viable a este respecto es una entelequia. Como también lo es esperar que el Gobierno pueda darle la vuelta a la tortilla por sí mismo, sin coordinar esfuerzos tanto con las comunidades autónomas como con los ayuntamientos. Lamentablemente, las cosas sólo irán a peor hasta que alguien se caiga de la burra, y asuma que la salida al problema de la vivienda pasa por alcanzar un pacto de estado que cree un entorno de estabilidad que permita marcar objetivos, y alcanzar resultados, más allá de la duración de una o dos legislaturas. Por desgracia, habrá que esperar sentados.