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«Hemos sido respetuosas con los tiempos por respeto a los familiares y a la familia minera», pero «ya han pasado dos semanas sin ... que se nos hayan aportado certezas sobre lo ocurrido en la mina de Cerredo y sin que se haya aclarado de quién son las responsabilidades», acaba de destacar la diputada independiente del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, para proponer de forma oficial la puesta en marcha inmediata de una comisión de investigación parlamentaria que aclare «las responsabilidades administrativas y políticas», más allá de las judiciales, sobre el accidente que le costó la vida a cinco mineros hace dos semanas en Degaña.
Tomé es consciente de que el Reglamento de la Cámara obligha a que al menos diez diputados o dos grupos parlamentarios apoyen la creación de la comisión de investigación. Por esto, y también por coherencia política, la diputada instó «a los grupos progresistas -PSOE y Convocatoria por Asturias-IU- que apoyen la creación de la comisión», porque, fundamentó, «la comparecencia de la consejera (Belarmina Díaz) en sede parlamentaria del pasado viernes fue absolutamete decepcionante, con bailes de fechas, sin explicaciones de por qué no se leían los correos en los que se avisaba de irregularidades y con relaciones empresariales sin explicar. ¿Qué hubiera ocurrido si ese correo, que avisaba de irregularidades claras en una empresa que ya sufrió un accidente mortal en 2022, se hubiese leído? ¿Por qué llevaba esa empresa más de ocho meses sin inspecciones?
En la Junta General, esta mañana, el asunto del accidente minero y de las responsabilidades políticas del mismo es el único tema de conversación relevante. Apenas acabada la comparecencia de Tomé, el PP acaba de convocar una rueda de prensa al respecto, mientras en el edificio de al lado se está celebrando una reunión del consejo de Gobierno del Principado a la que «esta vez sí que acude Ovidio Zapico», comentaban en los pasillos del Parlamento asturiano dos diputados de la oposición.
Belarmina Díaz presidirá a las 12.30 una reunión extraordinaria de la Comisión Regional de Seguridad Minera, cuya comisión de investigación fue puesta en tela de juicio esta mañana por Covadonga Tomé, por su «total falta de avances».
Vox ha llevado al Congreso de los Diputados el accidente mortal de la mina de Cerredo, en el que perdieron la vida el 31 de marzo cinco operarios y otros cuatro resultaron heridos. Reclaman explicaciones al Gobierno central.
El diputado nacional por Asturias y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, ha presentado una batería de preguntas interesándose por las subvenciones concedidas por parte del Instituto para la Transición Justa a la concesionaria de la mina y por los permisos concedidos para llevar a cabo su actividad. «Según se ha publicado, la delegada del Gobierno en Asturias explicó que la mina de Cerredo contaba con dos autorizaciones de investigación, pero no tenía permiso para trabajar en la planta en la que se produjo la explosión que costó la vida de cinco mineros», argumenta en su escrito el diputado asturiano.
Añade que el pasado 23 de septiembre la mina fue sometida a una inspección que concluyó que contaba con los permisos necesarios para llevar a cabo los trabajos de investigación que se estaban realizando en ella.
Pese a lo anterior, alega que «diversos mineros asturianos denunciaron múltiples negligencias en una mina que, hace menos de un año, recibió casi un millón de euros del Instituto para la Transición Justa presidido por Sara Aagesen, actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».
Con todo ello, en su escrito escrito plantea diferentes preguntas sobre los criterios para otorgar la subvención, los datos la delegación del Gobierno en Asturias para confirmar que la mina contaba con los permisos necesarios o en qué consistió la investigación mencionada y qué elementos se tuvieron en cuenta para determinar que las actividades que se estaban desarrollando en la mina se adecuaban a los permisos concedidos.
También pregunta al Gobierno si ha tenido acceso a los motivos que favorecieron la concesión de los permisos de investigación a la mina de Cerredo.
Además, en otra iniciativa para obtener respuesta escrita por parte del gobierno de Sánchez, Figaredo se remonta al año 2022 cuando falleció otro trabajador en la misma mina.
En el texto expone que «la investigación, que se inició hace tres años, descubrió que Combayl -la empresa encargada de la mina, que tenía como administradora a la mujer de Jesús Manuel Rodríguez- extraía carbón sin permiso, contrataba personal sin formación y le entregó a la víctima un vehículo sin ITV para trabajar. Tras aquel accidente mortal, la empresa Blue Solving -que tenía como administrador al hijo de Jesús Manuel Rodríguez- se hizo con el control de la mina y el 8 de julio de 2024 obtuvo un permiso de investigación que sólo le permitía extraer de la mina 60.000 toneladas de grafito».
Añade que «el 12 de marzo el Gobierno de Asturias recibió una denuncia que señalaba que en la mina se estaba produciendo una actividad extractiva 'encubierta' y exigía la revocación de los permisos. Sin embargo, no se tomó ninguna medida en concreto ante esta denuncia, teniendo como resultado el fallecimiento de cinco trabajadores en las instalaciones denunciadas».
En relación a estos datos pide explicaciones sobre si el Gobierno sabía que la mina de Cerredo seguía siendo explotada por una empresa familiar vinculada a Jesús Manuel Rodríguez o si el Ejecutivo ha pedido alguna información adicional al gobierno regional acerca de la concesión de un permiso de investigación minera a una empresa vinculada a Jesús Manuel Rodríguez Morán.
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