El bable en la Junta

Barbón y Riaño habían preparado la puesta en escena, que no tenía otro objetivo que desgastar al PP, porque el presidente del Principado considera que la negativa a convertir el bable y el eonaviego en lenguas oficiales resta apoyos al partido que lidera la oposición. A falta de encuestas me parece una hipótesis descabellada, porque el porcentaje de votantes del centro-derecha que apoya el artificio de contar con tres lenguas oficiales es forzosamente mínimo.

Cuatro días más tarde hubo una reunión de los portavoces parlamentarios con el presidente y la consejera de Cultura, a la que también asistió Riaño, que explicó a los diputados de qué va la cooficialidad, para pasar, a continuación, a informar a los presentes sobre cuestiones de gestión, como el impacto económico de la cooficialidad. Fue la parte más novedosa de su plática.

Por otra parte, la reunión, inédita en la tradición parlamentaria, al participar el representante de una asociación cultural pública en una reunión del Gobierno con los portavoces parlamentarios, en la sede de la soberanía popular. Si los diputados de la oposición fueran más lúcidos, nunca habrían asistido a semejante encuentro.

La iniciativa que se tramita en la Junta General del Principado va a ser desechada por los diputados. Para reformar el Estatuto de Autonomía se necesita una mayoría parlamentaria reforzada, tres quintos de la Cámara, veintisiete escaños, y los tres grupos de izquierda solo tienen veintitrés. Los diputados del centro-derecha no contemplan la posibilidad de apoyar la cooficialidad que les alejaría de su electorado.

Estamos ante una iniciativa que nace muerta, pero abona un amplio espacio para la retórica, que es a lo que se dedican gran parte de las energías parlamentarias. El jueves tuvieron su turno los expertos (filólogos) y representantes de instituciones. No quiero frivolizar, pero me recordó al juicio de Cascos, con la mitad de los testigos defendiendo el blanco y la otra mitad el negro. Para unos la oficialidad del bable es la salvación de la región y para otros un grave daño.

En medio de ese fuego cruzado, destacaría la intervención de Riaño, que en esta ocasión era pertinente su presencia. La destaco porque habló en clave política, no ideológica o identitaria.

A estas alturas todos sabemos que es el padre de la propuesta de «oficialidad amable», poniendo a Galicia como modelo, que tantas veces sacó Barbón a relucir en el otoño de 2022. Planteó tres cuestiones. La oficialidad en Asturias no tiene que ser igual a la de otras comunidades, sino adaptada a la realidad socioeconómica. Suena bien, pero todavía estoy esperando a que cualquier 'oficialista' ponga un solo ejemplo de cooficialidad a la asturiana. Hasta la fecha, las seis comunidades autónomas bilingües se parecen como gotas de agua. La única diferencia está en el mayor o menor conocimiento de la lengua vernácula. La sobrefinanciación, la imposición, el carácter divisivo, el plus en las oposiciones a la Administración pública están presentes en todas.

Segunda cuestión: rechazar la oficialidad supone aplazar un mandato constitucional. Este es el argumento por excelencia de los portavoces de la oficialidad. Se refieren artículo 3 de la Constitución, «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». De ahí sacan como consecuencia que aprobar la oficialidad es una obligación legal.

En el texto constitucional no se puede entrar en matices, pero las lenguas, desde una perspectiva social, política, no son todas iguales. Veamos ¿Una lengua que hablen cien personas debería ser oficial en una comunidad autónoma de un millón de habitantes? ¿No bastaría con que se protegiera su uso? Invierto la perspectiva ¿Si una lengua la hablan 500.000 personas hay dudas sobre su oficialidad en un territorio de un millón de habitantes? Esta es la principal diferencia del bable con las lenguas de las seis comunidades con bilingüismo oficial: el porcentaje de hablantes. No me refiero ya al eonaviego; si hace diez años se hubiera hecho una encuesta no habría un 5% de habitantes que lo supiera identificar. No es necesario añadir que en el Estatuto de Autonomía no consta el eonaviego.

La tercera cuestión que plantea Riaño: pongámonos alerta por el sentimiento de injusticia y frustración que va a generar el rechazo entre los partidarios de la oficialidad. Imagino que la cooficialidad frustraría a mucha más gente. No se puede discutir desde premisas emocionales. Ni se pueden reformar los Estatutos de Autonomía en clave de izquierda contra derecha. Eso sí que genera frustración.