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Puede parecer un mero juego de palabras, pero desde que a finales del año pasado Moncloa puso a los mandos de Transportes al ministro Puente, no han parado de enterrarse proyectos de soterramiento de gran envergadura y largamente demandados por los territorios afectados. El ... del vial de Jove es el más reciente, y ha puesto en pie de guerra contra el Ministerio tanto a la ciudadanía como al Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias. Pero también existe una importante contestación institucional y social en Sevilla y Valladolid por las alternativas definitivas en superficie anunciadas en los últimos meses para que la autovía SE-40 salve el río Guadalquivir y para la integración ferroviaria en la ciudad que el propio Puente gobernó durante ocho años.
En el extremo sur de la autovía de la Plata, los sevillanos llevan años esperando a que se ponga fin a la interrupción que sufre entre los municipios de Dos Hermanas y Coria del Río el segundo anillo de circunvalación de Sevilla, clave para alejar del casco urbano de la capital hispalense gran parte del tráfico de paso entre el norte y el sur de la ciudad. Con un presupuesto superior a los 800 millones de euros, en 2009 se adjudicaron las obras de un proyecto que contemplaba la construcción bajo el Guadaira y el Guadalquivir de cuatro túneles en paralelo, dos por cada sentido de circulación y cada uno de ellos con dos carriles, que cruzarían ambos cauces de orilla a orilla. Pero en 2012, cuando la ejecución rondaba el 15%, los trabajos se pararon alegando «importantes dificultades técnicas» y el entonces Ministerio de Fomento empezó a manifestar dudas sobre la viabilidad de esos túneles.
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Durante más de una década se mantuvo abierto el debate sobre cuál sería la mejor alternativa para su construcción, mientras una tuneladora adquirida ex profeso para esa actuación por 37 millones de euros, a los que había que sumar más de un millón de euros anuales de mantenimiento, se oxidaba en Coria del Río. En 2021 se suspendieron los contratos. El año pasado la tuneladora fue vendida para chatarra. Y en diciembre, ya con Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, vio la luz una declaración de impacto ambiental en la que se descarta de manera definitiva la construcción de los túneles, al considerar más favorable salvar el Guadalquivir con un gran viaducto.
Con la decisión ya firme, el pasado 22 de marzo, dos días después de comunicarle al Ayuntamiento de Gijón y al Principado su intención de construir el vial de Jove en superficie, el ministro anunciaba en Sevilla que en 2025 se licitarán por 450 millones de euros las obras para unir los dos tramos inconexos de la SE-40 gracias a un puente atirantado de 70,8 metros de gálibo, el más alto de Europa y tercero del mundo sobre un río navegable, con ocho carriles, 3,6 kilómetros de longitud y sin apoyos sobre el cauce. La Plataforma Pro-Túneles SE-40 lidera las protestas contra una alternativa que la Junta de Andalucía cree que «solo busca reducir al mínimo el coste de la obra». También el alcalde de Sevilla considera que «no hay ningún motivo técnico» para descartar los túneles, mientras el Ayuntamiento de Coria del Río exige reinvertir en la zona «los más de 600 millones de euros que se va a ahorrar el ministerio».
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Un frontal rechazo vecinal, municipal y autonómico tiene igualmente la decisión del Ministerio de renunciar al soterramiento ferroviario en Valladolid. Enterrar las vías que parten en dos la ciudad es una vieja aspiración del Ayuntamiento que perdió fuerza cuando Óscar Puente llegó a la Alcaldía y apostó por un proyecto de «integración» que mantenía en su lugar el trazado ferroviario, adecuaba su entorno con actuaciones como un parque lineal en paralelo a los raíles y permitía a peatones, ciclistas y vehículos salvar las vías mediante la construcción de pasos subterráneos.
El año pasado el entonces candidato del PP y ahora alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, convirtió el soterramiento en una de sus grandes promesas de campaña, confiando en un cambio de color político no solo en la capital, sino también en La Moncloa. Pero solo se dio el primero. En unos meses Óscar Puente pasó de líder de la oposición a ministro y, ya con la cartera de Transportes en la mano, el pasado mes de febrero presentaba en la ciudad un informe de Adif que descartaba cualquier opción de soterramiento. «Es una entelequia sin base técnica ni económica», afirmaba al tiempo que daba dos opciones: o seguir con el proyecto de integración o disolver la sociedad Valladolid Alta Velocidad, el equivalente vallisoletano a Gijón al Norte.
El Pleno municipal instó hace un mes al ministerio a «abrir un proceso de diálogo» y elaborar un nuevo estudio y esta misma semana fueron las Cortes de Castilla y León las que aprobaron una proposición no de ley instando al soterramiento. Mientras tanto, la plataforma creada en defensa de esta alternativa prepara movilizaciones para la próxima semana, igual que las que el movimiento vecinal de Gijón ha empezado a promover en defensa de un vial de Jove también bajo tierra.
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