EUGENIA GARCÍA
GIJÓN.
Sábado, 28 de diciembre 2019, 00:25
Las palabras de la alcaldesa, Ana González, acerca de la depuradora del este no han caído en saco roto. Si la regidora lamentó el jueves las posibles querellas criminales con que «amenazan» los vecinos de la colonia de El Pisón y tildó la ... situación de «terrible» cuando «lo que estamos haciendo es nuestro trabajo: intentar abrir la depuradora», el abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, no ha tardado en hacer oír su respuesta. «No le quepa duda de que jurídicamente se formularán cuantas acciones civiles, contenciosas y penales entendamos que puedan evitar el atropello que se intenta reiterar contra los vecinos de El Pisón», advierte en un comunicado el letrado. Y añade que dichas acciones se tomarán «contra cualquier persona que intervenga tenga el cargo que tenga».
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Marcelino Abraira asegura que «los derechos de los vecinos han sido pisoteados en este tema muchas veces» y responde a la alcaldesa que «nunca se puede hablar de amenazar por decir que se presentarán unos hechos a la Justicia». En cualquier caso, apunta, «serán los tribunales los que tengan la última palabra, como ocurre en un estado de Derecho como el nuestro».
El letrado insiste en que el Tribunal Supremo declaró «arbitraria» la decisión de 2008 por la que se decidió ubicar el equipamiento en esta zona. «Por eso la obra está sin terminar desde abril de 2016 y por supuesto la depuradora en El Pisón no funciona. ¿Lo sabe usted esto?», pregunta de forma retórica.
En 2017, prosiguió, «se inició un nuevo estudio ambiental para estudiar la ubicación idónea de la misma entre cuatro alternativas -El Pisón, El Rinconín, Peñarrubia y la Cagonera- y la 'alternativa cero', es decir, ninguna de ellas». Si el estudio de 2008 «decía que Gijón precisaría una depuradora en el este cuando tuviera 330.000 habitantes y la ciudad tiene alrededor de 270.000 -se pregunta-, ¿por qué se construyó y gastó 38 millones de euros en algo innecesario?».
También critica que, «iniciado el nuevo estudio ambiental, se comenzara con las cuatro alternativas más la cero y cuando se realizó se cambiara esta por La Reguerona y se hiciera un malabarismo de alternativas y un proyecto modificado sin previa comunicación a los interesados». De igual forma, apunta que «si el Supremo dijo en febrero de 2016 que decidir El Pisón era arbitrario, ¿por qué no lo va a volver a decidir?». Y reprocha a la alcaldesa que haya dicho que su obligación es abrir la depuradora, ya que «la obligación de un alcalde y por tanto la suya no es abrir nada ilegal».
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