I. VILLAR
Sábado, 2 de marzo 2019, 03:36
La concejala de Hacienda, Ana Braña, señaló ante las críticas de la oposición que «si hubieran levantado la mano para aprobar el presupuesto, la Fundación Municipal de Servicios Sociales tendría este año 1,8 millones de euros más, la modificación ... del otro día no habría sido necesaria y la renta social habría quedado intacta». Hacía referencia a la mayor dotación para políticas sociales que constaba en el proyecto presupuestario para 2019 del gobierno municipal, que tras su rechazo en comisión no llegó a votarse en Pleno por la falta de apoyos. IU replicó que, pese a que aumentaban los fondos para la fundación, en el caso concreto de la renta social la dotación propuesta era de 2,2 millones de euros, frente a los 3,2 de la prórroga.
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Sobre la posibilidad de recurrir al remanente de tesorería municipal para inyectar más dinero a Servicios Sociales y que este organismo pueda dedicarlo a una nueva convocatoria de la renta social, Braña indicó que «habrá que ver en conjunto las necesidades del Ayuntamiento». Recordó que uno de los destinos prioritarios del remanente será el refuerzo del capítulo de gastos de personal, para poder atender los aumentos salariales del personal municipal que no han quedado cubiertos por la prórroga y que solo en el Ayuntamiento suponen 1,6 millones de euros. La cifra será superior si el Patronato Deportivo Municipal y las fundaciones municipales de Cultura y Servicios Sociales no logran cubrir con sus propios remanentes el incremento salarial de sus respectivas plantillas, pues será preciso aportarles dinero desde las arcas generales. También hay que dedicar entre 600.000 y 700.000 euros a la financiación de convenios que no han entrado en la prórroga.
Braña informó ayer en la comisión de Hacienda de que el remanente de tesorería tras la liquidación de las cuentas de 2018 es de 35,1 millones de euros. Explicó, no obstante, que no todo este dinero se podrá utilizar para modificaciones presupuestarias, pues habrá que descontar el correspondiente a obligaciones pendientes de 2018 -inversiones no finalizadas, subvenciones pendientes de justificación, reconocimiento extrajudicial de facturas-. La ley obliga además a dedicar parte del remanente a amortizar deuda -actualmente es de 119,8 millones, 10,9 menos que hace un año- y aún está pendiente de publicación el decreto que determinará cuánto puede ir a inversiones y cuánto a otros gastos de libre decisión municipal. «El año pasado de 23,4 millones de remanente solo hubo cuatro para inversiones y 4,2 de libre disposición», recordó.
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