Comerciantes, Xixón Sí Puede e IU se oponen al final de la renta social municipal

La Unión de Comerciantes de Asturias, donde han causado gran malestar las últimas palabras de Illán, ha remitido a sus socios una circular en la que recuerda que en este momento aún hay 2,5 millones de euros concedidos en ayudas que siguen pendientes de gastar por parte de los titulares de las tarjetas que se conceden para la adquisición de productos en el comercio local. Añade que «confiamos en poder garantizar este programa, por los beneficios que supone» para el sector. Recuerda en este sentido que recientemente se ha enviado a los portavoces de todos los grupos municipales una carta en defensa de su continuidad, «con un presupuesto no susceptible de modificaciones» que le dé estabilidad en el tiempo.

Actualmente hay 317 establecimientos adheridos al programa de ventas con cargo a las tarjetas de la renta social, que entre autónomos y asalariados suman 897 puestos de trabajo. Su actividad genera al Ayuntamiento unos ingresos anuales de 389.200 euros solo en concepto de IBI y tasas de agua, basuras y alcantarillado. A eso se suma la repercusión que tiene en las arcas públicas el IVA ligado a las compras realizadas con cargo a las ayudas municipales, que asciende hasta el momento a 867.769 euros.

«La renta social es el único programa público que garantiza que las ayudas sociales repercutan directamente en la economía local. Y no solo de las empresas adheridas al programa de ventas, sino del conjunto de la economía gijonesa, puesto que los ingresos de estos comercios repercuten en mantenimiento y creación de empleo, mayores inversiones y mejora de su competitividad», defiende la Unión de Comerciantes en el escrito remitido a los grupos políticos. Añade que «las necesidades más acuciantes de las personas deben ser atendidas por los servicios sociales públicos, con el estricto control en su ejecución que esta asociación ha demostrado en su colaboración con el programa».

En opinión de la entidad, «no es aceptable que los problemas presupuestarios de cualquier tipo y responsabilidad tengan como única solución la disminución del presupuesto comprometido con la renta social». Reclama en este sentido «el compromiso de restituir» las cantidades que han sido detraídas de este programa a través de una modificación presupuestaria que supondrá el desvío de fondos a otras partidas de la Fundación de Servicios Sociales.

Al prorrogarse las cuentas de 2017, la renta social inició el año con una dotación de 3,2 millones de euros, de los que 1,3 ya están comprometidos para atender los pagos que correspondan a los beneficiarios de la convocatoria que tuvo lugar en noviembre. Esta semana el Pleno, con el voto de Foro y PP, aprobó dedicar 1,1 millones de este programa a cubrir carencias en otras partidas como la de ayuda a domicilio. Y la intención del equipo de gobierno es dedicar los 785.000 euros restantes a la concesión de ayudas de emergencia.

La concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, señaló ayer que «aunque se veía venir, Eva Illán no había sido nunca tan rotunda, pero ahora ya ha dicho 'no a la renta social' y ha dejado claro que su compromiso con los ciudadanos que más dificultades pasan es nulo». Algo que atribuye a que el equipo de gobierno «está enseñando más la patita para poder ir de la mano de sus socios del PP». Aseguró que su grupo «no va a tirar la toalla ni va a permitir que la renta se siga tocando» y anunció su intención de «organizar una reunión con varios colectivos, entre ellos la Unión de Comerciantes, para debatir sobre lo que está pasando y hacer fuerza para que haya una nueva convocatoria con una cuantía suficiente».

Recordó que «hay gente de la convocatoria de noviembre que sigue a la espera de ver qué pasa con su solicitud» y anunció que llevará un ruego a la próxima comisión de Hacienda «para que una de las prioridades en el uso del remanente del Ayuntamiento» sea la continuidad de este programa, «que no se puede dejar como algo del pasado o que no existió».

Ana Castaño, de IU, ironizó que «con saber sumar y restar ya se veía desde hace tiempo que no iba a haber dinero para una nueva convocatoria» y criticó que pese a ello «se dijo a la gente que si no entraba en la que hubo en noviembre no pasaba nada porque irían automáticamente a la siguiente. Sabían que no era real, que se vivía una ficción». Señaló que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, «es el momento de que los partidos nos posicionemos y nuestra opinión es clara en defensa de una prestación que unifica las ayudas municipales y repercute en la vida económica de la ciudad».

Ciudadanos, por su parte, consideró que «la supresión de la renta social es la constatación del fracaso de las políticas sociales de Foro y viene a darnos la razón a quienes alertábamos que este programa, tal como estaba diseñado, era insostenible». Pide que se asuman «responsabilidades políticas».