A juicio este lunes en la Audiencia Nacional la etarra Iratxe Sorzabal por los atentados contra el Palacio de Justicia y una farmacia en Gijón

El Ministerio Fiscal, según se desprende de su escrito de acusación, solicita una condena de 46 años de cárcel para Sorzabal por dos delitos de estragos terroristas (18 años por cada uno) y por un delito de delito de pertenencia a organización terrorista (castigado con 10 años). Además, interesa la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años.

Y todo ello, explica el fiscal, por las llamadas que la otrora jefa etarra realizó a las 2.27 horas del 2 de noviembre de 1996 al teléfono de Protección Civil. «Hemos colocado un explosivo en la farmacia (...) ¡Asturias libre!», anunció antes de colgar.

Al lugar donde estaba ubicada la botica se desplazaron varios agentes de la Policía Nacional, que observaron que en el cristal se encontraba adosada una bolsa de basura de color negro que habría sido colocada por la propia acusada y otras personas.

Tras acordonar la zona, el artefacto explotó una hora más tarde, sin provocar heridos o daños materiales. En su interior había un artefacto explosivo temporizado de iniciación eléctrica y de fabricación casera.

Tras el estallido, la Policía recuperó del lugar los restos de una olla de aluminio para hervir leche que contenía dos o tres kilogramos de explosivo, una sustancia de color gris, que, una vez analizada en el Laboratorio Central de Explosivos, resultó ser amosal.

Los agentes también localizaron otra sustancia amarilla usada como refuerzo de la carga principal, la hexocera. Colocados en sendas bolsas de plástico, una dentro de otra, encontraron su tapa, también encintada, y un temporizador con un retardo de doce horas, rodeado de cinta aislante gris en su parte superior, una pila y varios cables rojos y negros.

A las 5.27 horas de ese mismo día, Sorzabal realizó otra llamada al mismo teléfono. «Hablo en nombre de ETA. Va a estallar una bomba en el nuevo Palacio de Justicia, al lado del ferrocarril, dentro de treinta minutos», espetó.

Siguiendo el mismo procedimiento, los agentes se desplazaron hasta la calle Mariano Pola de Gijón donde encontraron una bolsa de plástico negra de grandes dimensiones de las que se utilizan a nivel industrial para deshacerse de la basura y con capacidad de 20 kilogramos.

La bolsa, que contenía un artefacto explosivo en su interior, explotó una hora después causando desperfectos en las cristaleras de la entrada principal y en todas sus plantas, daños en el interior y en otra puerta del edificio y el desprendimiento de losetas en fachada principal de granito.

La banda terrorista colocó la bomba en la puerta principal del edificio de los Juzgados, que no estaba en uso, pero iba a ser inaugurado en fechas próximas. Además de los daños ocasionados al Palacio de Justicia, se produjeron desperfectos en vehículos estacionados en las proximidades y en edificios colindantes.

Los daños en la sede propiedad del Ministerio de Justicia fueron valorados en un total de 277.962,64 euros, fijándose en un total de 12.212,96 euros los ocasionados en bienes de titularidad del Ayuntamiento de Gijón.

Sendas acciones fueron reivindicadas por ETA en el diario GARA unos días más tarde, el 15 de noviembre de 1996. Fueron realizadas, según apunta el Ministerio Público, por los integrantes del comando Ibarla que estaba integrado, entre otros, por Sorzabal.

Previamente los integrantes del comando recogieron informaciones sobre los objetivos la semana anterior a los hechos y confeccionaron y armaron los artefactos. El primero de ellos fue colocado por la acusada, mientras que el segundo fue colocado por otros miembros del comando al tiempo que Sorzabal esperaba en un parking cercano.