El Ayuntamiento de Gijón encarga un informe jurídico sobre la incorporación del Puerto a Naval Azul

La alcaldesa, Carmen Moriyón, que ya consideró «extraordinariamente positivo para la ciudad» en el seno de La reunión portuaria, es receptiva a la colaboración con el Puerto, pero «desde el cumplimiento de la ley y los contratos firmados», señalan fuentes muncipales. Por eso, desde el Ayuntamiento quieren conocer los aspectos legales y administrativos que tienen que marcar la incorporación de la Autoridad Portuaria a Naval Azul.

Mientras tanto, Nieves Roqueñí se comprometió ante los consejeros del Puerto a conocer las implicaciones que tendría su deseo de mantener la propiedad de los los 3.848 metros cuadrados cuya cesión gratuita al Consistorio se firmó en la operación de compra venta de los 35.000 metros cuadrados de Naval Gijón. Y lo hizo después de que el representante de Puertos del Estado explicara que revocar esa cesión que ya cuenta con el informe favorable de Patrimonio del Estado requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda, en una tramitación «nada sencilla».

La vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, consideró ayer «inaceptable» cualquier retraso que conlleve revertir la cesión de los terrenos. «La primera ventaja para la ciudadanía de la operación de compra y cesión es precisamente que los gijoneses y, especialmente, los vecinos de El Natahoyo podrán disfrutar de nuevo de su cercanía a un mar que tienen a apenas unos cientos de metros, pero del que han permanecido totalmente aislados desde la industrialización», argumentó Pumariega. «Es positivo que El Musel quiera implicarse en el desarrollo de la ciudad, pero la forma de hacerlo no es arrebatar al Ayuntamiento lo que ya le había dado y muchos menos provocando nuevos retrasos, algo que parece consustancial al PSOE», añadió. La vicealcaldesa apeló a la colaboración entre administraciones y tendió la mano a Roqueñí «para que trabaje mano a mano con el Ayuntmiento en beneficio de la ciudad». «Pero hay otras formas diferentes de hacerlo a las que está mostrando, que es ir contra lo firmado, presentar proyectos para los que ni siquiera han hecho dibujos propios y acumular retrasos que frustran una vez más las expectativas de la ciudadanía de Gijón», añadió.

Por su parte, el portavoz socialista, Luis Manuel Flórez, 'Floro', destacó que el Puerto tenga «un proyecto propio, mucho más ambicioso, que prevé actuaciones desde Aboño hasta el cerro Santa Catalina, y que no se centra exclusivamente en los terrenos por los que pagamos más de 4,5 millones de euros» y consideró «una gran noticia» que la Autoridad Portuaria «vuelva a ser un agente modernizador y comprometido con el futuro de Gijón como ya demostró durante los gobiernos de Tini Areces o Paz Fernández Felgueroso».

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, cree que «sin duda es positivo» saber que el Puerto destinará esa franja litoral al desarrollo de Naval, pero lo malo es que no sabemos cuando». «Con esta novedad imprevista, el gobierno municipal está poniendo la mejor cara posible ante la contrariedad y haciendo de la necesidad virtud, porque la variante introducida por Roqueñí alejan los planes prometidos por la alcaldesa de una urbanización inminente porque la cesión era un hecho», explicó la edil, que hace también una lectura política de la operación. «El PSOE ha entrado en acción para hacerse notar y ajustar los plazos a sus intereses, restándolo protagonismo a la regidora», dijo.

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de Izquierda Unida consideró que «no tenía ningún sentido que la Autoridad Portuaria fuera la gran ausente en la regeneración urbana de El Natahoyo, hablando además de transformar terrenos portuarios». Suárez Llana espera que «las inversiones anunciadas para esta franja litoral sean solo un primer paso» y anima al Puerto a «recuperar el concurso de ideas del mandato pasado y liderar la remodelación de la toda la fachada marítima desde El Natahoyo hasta la Punta de Liquerique». «Lo que toca ahora es una colaboración leal entre administraciones para desarrollar el proyecto bajo la fórmula jurídica que resulte más adecuada, que no tiene por qué ser una junta de compensación», apuntó el edil, que recordó que las actuaciones previstas por el Ayuntamiento son «provisionales», hasta el desarrollo de los instrumentos urbanísticos, «empezando por el PERI». «Si en el proyecto definitivo, la recuperación de esa franja la hace el Puerto no tiene por qué suponer plazos más largos».

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales, su presidente, Manuel Cañete, pidió que «todas las administraciones tienen que trabajar en común para transformar todo ese espacio, sin atender a quién se apunta el tanto». «Siempre defendimos que todos esos terrenos se cedieran a la ciudad como compensación a su explotación durante tantos aós, cinluso pedimos en el Consejo Socail hace años qu ese siguiera el modelo de Bilbao Ría 2000, donde todas las empresas cedieron sus espacios para la gran transformación urbana de esa ciudad», añadió Cañete.