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La reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrada este lunes al mediodía, ha propiciado que tanto el Puerto como ... el Ayuntamiento de Gijón acerquen posturas sobre los proyectos con los que Nieves Roqueñí quiere que El Musel participe en el desarrollo de la ciudad, entre los que está abrir una puerta al mar en Naval Azul, como adelantó EL COMERCIO.
La llegada de la exconsejera de Transición Ecológica a la presidencia de El Musel supuso un cambio de rumbo en cuanto a las relaciones del Puerto con la ciudad respecto a su antecesor, Laureano Lourido, que acordó con el Ayuntamiento la cesión de los 3.848 metros cuadrados de la franja litoral de los antiguos astilleros de Naval Gijón en la operación de compra-venta de los 35.000 metros cuadrados por los que la ciudad pagó al Puerto un total de 4.647.877 euros. La intención de la nueva dirección del Puerto es mantener la propiedad para actuar sobre ellos, como explicó la presidenta a los consejeros.
La segunda reunión del máximo órgano de decisión del Puerto bajo la presidencia de Nieves Roqueñí sirvió ayer para que tanto el Ayuntamiento como el Principado animaran a la Autoridad Portuaria a participar en el desarrollo de Naval Azul a través de la junta de compensación del ámbito de actuación, el del PERI de Naval Gijón, como socio minoritario en virtud al 8% que supone la franja pendiente de cesión, así como a través de la oportuna participación económica.
La buena acogida que tuvo entre el Ayuntamiento, representado en el Puerto por la alcaldesa Carmen Moriyón, que también es vicepresidenta de la Autoridad Portuaria, y los vocales designados por el Principado –los consejeros Alejandro Calvo, la directora general de Urbanismo Laura López Díaz y la edil socialista gijonesa Marina Pineda–, fue rebajada por Manuel Ortiz Iglesias-Ussel, jefe del Área de Auditoria y Control Interno del Ente Público Puertos del Estado. Fue este el que puso sobre la mesa que revertir en este momento la cesión de los terrenos podría retrasar todo. Ni la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ni la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que ayer se iba a estrenar como consejera del Puerto, participaron en la reunión al desplazarse a Degaña tras el grave accidente ocurrido en la mina de Cerredo.
Carmen Moriyón compartió en el seno del consejo que considera «extraordinariamente positivo para la ciudad» que el Puerto entre a formar parte y colabore en Naval Azul y le invitó a hacerlo después de que Nieves Roqueñí confirmara su intención de actuar sobre la franja litoral de los terrenos pendientes de cesión, así como en la lámina de agua, donde se estudiará la instalación de una plataforma flotante para actividades lúdicas, recreativas y deportivas, siguiendo como modelo el que el puerto de La Coruña ejecuta ya en la zona de O Parrote.
La alcaldesa argumentó en el seno de la reunión que la ficha urbanística del terreno en el que el Ayuntamiento tiene previsto el desarrollo del polo de innovación relacionado con las industrias de la mar y la economía azul fija un 80% de uso empresarial y que en el 20% restante los usos son «perfectamente compatibles» con los deportivos que pretende el Puerto.
La directora general de Urbanismo del Principado, Laura López Díaz, en su intervención en el seno del consejo mostró la preferencia del Gobierno regional por que la Autoridad Portuaria entre a formar parte de la junta de compensación y aporte económicamente al desarrollo de Naval Azul.
Sin embargo, el representante de Puertos del Estado explicó los posibles retrasos que esta decisión podría acarrear. Según Manuel Ortiz, la revocación de la cesión gratuita al Ayuntamiento de los 3.848 metros cuadrados de terreno de la franja litoral de los antiguos astilleros «no sería fácil». Esa operación ya cuenta con el informe favorable de Patrimonio del Estado y solo le faltaría un último trámite para su formalización. Si el Puerto de Gijón opta por revocar esa cesión para retener el suelo en su propiedad, debe obtener la autorización de Hacienda, «un proceso que no sería sencillo», según trasladó el representante de Puertos del Estado.
Ante esta advertencia del organo estatal, la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, se comprometió ante el consejo de administración a «estudiar en profundidad todos los escenarios» con el objetivo de que «no se pueda achacar al Puerto ningún posible retraso», dentro de su deseo de poner en marcha un plan maestro de actuaciones.
La presidenta informó que va a abrir una nueva línea dentro del plan de inversiones de 2025 para elaborar un proyecto integral de reforma, ordenación y accesibilidad (PROA) para la transformación y modernización de los terrenos portuarios situados en la franja costera, desde Lequerica al Alto de Aboño, entre lo que se incluye la dársena de Naval Azul. Roqueñí quiere que el Puerto sea «un agente activo en la mejora de la ciudad, como ya lo fue en los años 90». El Puerto pretende invertir 3,5 millones de euros en 5 años, lo que algún consejero estimó como un presupuesto muy escaso para tanto terreno.
Entre los asuntos que abordó ayer el consejo de administración de El Musel, la presidenta aprovechó para informar que ha solicitado al nuevo director gerente de la EBHI, Gonzalo Mallo, nombrado hace una semana y media, que proceda a abrir una investigación interna «que hasta ahora no existía», en referencia a la desaparición de 120.284 toneladas de carbón de las instalaciones de la EBHI del total de 159.984 toneladas que descargó el Berge Triglav en octubre de 2020. La reclamación de ese carbón por parte de TELF tiene abiertos varios frentes judiciales que pueden comprometer el futuro de la empresa participada por el Puerto.
También se aprobó la entrada en el consejo de administración de la EBHI de Mauro Rodríguez, director general de Industria y Minería del Principado, y Diana Bernardo, secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica, en sustitución de Manuel Colunga e Isaac Pola, respectivamente.
Declaración institucional
Por otro lado, el consejo del Puerto aprobó ayer una declaración con motivo del 20 aniversario del inicio de las obras de ampliación, en el que también expresa «su satisfacción por la resolución de los procesos seguidos en la jurisdicción contable y penal que han confirmado la corrección y regularidad de la ejecución de la obra que garantiza afrontar los importantes retos de futuro que tiene el puerto de Gijón». El texto inicial que se había remitido a los consejeros para su aprobación y al que tuvo acceso EL COMERCIO instaba «a la liquidación total de los pagos pendientes», en referencia a los 49,5 millones de euros de la Unión Europea pendiente de cobro por la ampliación. También se dio luz verde a un nuevo organigrama portuario con la transición ecológica y digital, el compromiso con la ciudad y su entorno, la competitividad y la seguridad como las cuatro líneas principales de actuación.
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