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Una de las consecuencias más importantes de la Ordenanza de Movilidad es la prohibición de estacionar en zona ORA a los vehículos que carecen de distintivo ambiental. El concejal de Movilidad, Aurelio Martín, había indicado que se trata del 20% del total de las sanciones impuestas en la zona azul. «Es un importe muy pequeño», aseguró, ante la posibilidad de que si el Supremo ratifica la nulidad de la ordenanza se tenga que devolver el dinero.
Según informó la semana pasada la Unidad Técnica de Sanciones a la concejala del PP Ángeles Fernández-Ahúja, el año pasado se impusieron 11.056 denuncias en zona ORA. Eso refleja que el 20% por carecer de distintivo ambiental serían unas 2.200. Hay que tener en cuenta que estos vehículos son sancionados por aparcar sin tener tique, ya que los parquímetros no se lo facilitan. Quedarían, por tanto, encuadrados en el apartado de 'estacionar con limitación horaria careciendo del distintivo totalmente visible que le habilite al efecto', motivo por el cual el año pasado se impusieron un total de 8.434 denuncias en zona ORA. Las 2.622 restantes fueron por excederse del tiempo permitido.
La sanción es de 90 euros, que se reduce a 45 euros si se opta por el pronto pago. Así, si todos los sancionados se decantaron por estaalternativa, la recaudación por aquellos vehículos que no tenían distintivo ambiental ascendió a 99.000 euros, mientras que si se considera el abono completo sería de 198.000 euros.
El Ayuntamiento de Gijón tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a contar desde el momento en el que recibió la sentencia del TSJA que anula la Ordenanza de Movilidad. Si finalmente se presenta ese recurso, «no tenemos forma posible de que se cumpla la sentencia del TSJA», reconoció ayer el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador.
Este caso no es como otros en los que se puede pedir una ejecución provisional. No siquiera aportando una fianza para ello. Hasta que la sentencia no sea firme, es decir, hasta que no decida el Tribunal Supremo, no se podrán revertir los efectos de la ordenanza. Eso sí, en caso de que el Supremo dé la razón a los recurrentes (Foro y Partido Popular).
La previsión, según los demandantes y la parte demandada, es que el alto tribunal tarde en torno a dos años en resolver este recurso de casación. Mientras tanto, la ordenanza seguirá vigente a todos los efectos. Uno de los temores es que, cumplido todo ese trámite judicial, el Ayuntamiento de Gijón tenga que devolver el importe de todas las multas impuestas en base a la ordenanza, como pueden ser las relativas a vehículos sin etiqueta ambiental por aparcar en zona ORA. Este hecho tendrá una importante repercusión en las arcas municipales, que será mayor según se dilate la solución.
Los partidos protagonistas por haber presentado la demanda contra la Ordenanza de Movilidad -Foro y PP- aseguraron ayer que, si tienen la posibilidad de gobernar tras las próximas elecciones municipales, retirarán el recurso de casación que prevé presentar el Ayuntamiento de Gijón ante el Tribunal Supremo. Así lo indicaron los portavoces de ambas formaciones, Jesús Martínez Salvador y Ángela Pumariega, respectivamente. Según indicaron, si hay cambio de gobierno «retiraremos el recurso y automáticamente todas las prohibiciones actuales serán ilegales».
El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, también cree que «no debe recurrirse» la sentencia, porque «no tiene sentido. Es literalmente una patada para adelante». En su opinión, «si tiene defectos, debe rehacerse, esta vez con el mayor consenso posible». Eso sí, pide que todos los grupos se pongan a trabajar, porque «lo fácil es decir 'no me gusta' y listo. Sin necesarias propuestas».
Eladio de la Concha, portavoz de Vox, también lo considera «una patada adelante del gobierno municipal para no asumir sus evidentes responsabilidades políticas». Considera, además, que ese recurso «no tiene ninguna viabilidad aunque, de cara a la opinión pública, intenten justificarlo con argumentos poco válidos». También advierte de que el problema quedará para la próxima corporación.
Por su lado, Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, recuerda que «la sentencia se basa en un fallo por defectos formales y no por otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad». Apunta que «Gijón no puede no tener una ordenanza de movilidad sostenible».
Las sentencias del TSJA que anulan la Ordenanza Municipal pueden influir en que el Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2021-2030 también sea invalidado. Así lo cree la Asociación de Vecinos San Julián, de Somió», que recuerda que el plan también adolece de memoria económica, «circunstancia que nos fue explícitamente reconocida por los técnicos del Ayuntamiento y por el concejal de Movilidad» en una reunión celebrada en octubre. La asociación cree que las medidas incluidas en el citado plan quedarían en duda, incluidas las ya iniciadas.
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