IVÁN VILLAR
GIJÓN.
Viernes, 30 de agosto 2019, 02:04
La intención del equipo de gobierno municipal de aplicar en 2020 un tipo diferenciado del IBI del 0,79% a grandes propiedades de uso no residencial, frente al 0,45% que se aplica al resto de inmuebles, no ha sentado bien al empresariado, que advierte ... de su posible impacto negativo en la economía local. «Este tipo de IBI no grava los mayores ingresos o patrimonios, sino inmuebles en los que se realiza actividad económica, por lo que supone un lastre para la misma», replicó ayer la patronal Fade, de la que forman parte 81 asociaciones empresariales de la región -que aglutinan a su vez más de 50.000 empresas- y 65 grandes compañías a título particular. La federación empresarial añadió que la implantación de este impuesto en Gijón generaría «un efecto discriminador entre empresas por el mero hecho de su ubicación».
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Una postura similar trasladan desde la Cámara de Comercio de Gijón, a la espera de que se conozcan datos concretos sobre la aplicación de este impuesto. «Con carácter general, entendemos que cualquier medida que pueda restar competitividad a las empresas debería ser minimizada, con el objeto de favorecer su funcionamiento y la creación de actividad económica», apuntó la entidad cameral.
La previsión es que el IBI diferenciado afecte a 151 inmuebles, en concreto a 67 comercios y centros comerciales, 41 edificios de oficinas, 22 almacenes y aparcamientos y 21 establecimientos dedicados a hostelería y ocio. Con el nuevo tipo, según las primeras estimaciones, el Ayuntamiento recaudaría a través de este impuesto 1,5 millones de euros más. El aumento total de ingresos será de dos millones si se añade el impacto del resto de modificaciones al alza -nueva tasa a la telefonía móvil y a las conducciones de electrididad y gas, subida de las tarifas del agua, basura, ORA y Patronato Deportivo- y a la baja -rebaja del billete de autobús si se usa tarjeta, gratuidad de los museos, reducción del precio de la teleasistencia- que prevé aplicar el equipo de gobierno.
Por el momento, las novedades en materia fiscal presentadas el miércoles por la concejala de Hacienda, Marina Pineda, no dejan de ser una propuesta. Hasta el 20 de septiembre las líneas generales de las ordenanzas fiscales estarán expuestas en el portal digital de participación del Ayuntamiento para que, a modo de «consulta ciudadana previa», cualquier ciudadano pueda hacer aportaciones.
Después comenzará la tramitación ordinaria, con la presentación del proyecto definitivo y la apertura de un plazo para que los grupos municipales puedan hacer enmiendas. Estas se votarán en comisión de Hacienda y en torno al 20 de octubre se celebrará el Pleno en el que se decide si las ordenanzas salen adelante o se prorrogan un año más las vigentes.
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Aunque anteayer remarcó que «nuestra prioridad es alcanzar acuerdos con la izquierda» -de hecho la primera reunión para presentar un proyecto de ordenanzas «consensuado entre PSOE e IU» fue con las concejalas de Podemos-, la concejala de Hacienda está manteniendo encuentros con todos los grupos de la oposición para explicarles su propuesta.
Ayer fue el turno de PP y Vox. Los primeros, según la concejala Ángeles Fernández-Ahúja, salieron de la reunión «verdaderamente preocupados», pues entienden que «el planteamiento fiscal que está haciendo el PSOE, dando rienda suelta a su pacto de gobierno con IU, perjudica a la actividad económica y a la creación de puestos de trabajo, que es lo contrario de lo que necesita Gijón». La edil advirtió de que «no se puede dinamizar la economía gijonesa, donde ya tenemos una de las tasas de actividad más bajas del país, incrementando la presión fiscal».
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El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, recordó por su parte que su partido «en general no es partidario de ninguna subida, y las que menos nos gustan son las que afectan directamente a los ciudadanos». A la espera de que las líneas generales avanzadas por Pineda se concreten en un documento más detallado, avanzó que «nos opondremos a la mayoría de las subidas. Las estudiaremos una a una y serán debidamente enmendadas».
Hoy, la titular de Hacienda terminará su ronda con Foro, cuyo portavoz, Jesús Martínez Salvador, fue ayer muy crítico. «Plantean sin rubor una subida de precios en servicios básicos sin decir qué pretenden cubrir con ese incremento. Nos encontramos ante un gobierno claramente confiscatorio», reprochó, recordando la bajada y congelación de impuestos durante los dos mandatos de su partido. Calificó el IBI diferenciado de «altamente peligroso, pues afecta directamente a las empresas, pudiendo verse reducido el empleo que generan y mermando la capacidad de atracción de inversión del municipio». También ve «una mala decisión» la gratuidad total del acceso a museos, ahora limitada a titulares de la Tarjeta Ciudadana.
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El portavoz de IU y edil de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, mostró su «satisfacción» por que «todas nuestras propuestas están integradas en las ordenanzas, que reflejan la filosofía de IU». Remarcó que prolongar la congelación de impuestos que rigió estos ocho años «solo lograría que la ciudad siguiera parada» y advirtió de que algunos servicios públicos «necesitan acometer nuevos retos», entre los que citó la necesidad de renovar una red de saneamiento «que tiene 30 años y estaba pensada para otra dimensión. Probablemente haya que cambiarla entera, y eso tiene unos costes».
Respecto al posible impacto sobre la actividad económica, defendió que «las empresas se instalan en ciudades con capacidad para ofrecer unos servicios modernos que faciliten su vida» y se mostró convencido de que «hay quien puede arrimar más el hombro para que Gijón sea una ciudad más competitiva. No usemos excusas solo porque haya gente a la que parece que no se puede molestar». Añadió que el 'IBI para ricos' existe en Málaga, donde gobierna el PP.
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