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IVÁN VILLAR
GIJÓN.
Jueves, 29 de agosto 2019, 01:34
La concejala de Hacienda, Marina Pineda, presentó ayer un proyecto de ordenanzas fiscales para 2020 «progresivo y equitativo» que tiene en cuenta «factores sociales, de sostenibilidad de los servicios públicos y medioambientales, intentando dar un primer paso hacia una fiscalidad verde». El documento, ya ... consensuado con IU, plantea subidas en varios tributos, tasas y precios públicos, entre ellos los del agua, la basura, las instalaciones deportivas, la grúa y el aparcamiento en la vía pública y rebajas en el precio del autobús y algunos servicios sociales. Pese a este incremento generalizado después de ocho años de congelación -con algunas excepciones-, Pineda defendió que «la presión fiscal en Gijón sigue muy por debajo de la media de los municipios de más de 100.000 habitantes y del conjunto de Asturias», poniendo por ejemplo que un residente en Oviedo paga de media 170 euros más al año que uno de Gijón. Añadió que «tenemos que ser conscientes de que no es posible mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos y dar nuevos servicios a la ciudadanía» manteniendo las mismas figuras tributarias de 2011.
Con las novedades presentadas ayer, el Ayuntamiento, en una primera estimación, prevé incrementar sus ingresos por impuestos locales en dos millones de euros. 1,5 millones llegarían a través de la puesta en marcha de un IBI diferenciado que gravará con un tipo más alto a las grandes propiedades de uso empresarial. El famoso 'IBI para ricos' que ya fue objeto de debate los últimos años.
Aunque para calcular el IBI del grueso de los bienes inmuebles se seguirá aplicando sobre el valor catastral de cada finca o construcción un tipo impositivo del 0,45%, en el caso de los que tengan un valor superior al millón de euros y un uso comercial, de oficinas, hostelero o de ocio, así como los que funcionen como aparcamiento o almacén, el tipo aplicable será del 0,79%. La medida afectará a 151 propiedades. En concreto, a 67 comercios y centros comerciales, 41 edificios de oficinas, 22 almacenes y aparcamientos y 21 establecimientos dedicados a hostelería y ocio.
También se subirá el IBI a los bienes de características especiales (BICES), categoría que incluye autopistas, carreteras, puertos, presas, embalses e instalaciones dedicadas a la producción de energía eléctrica y gas. Actualmente se les aplica un tipo del 0,6%, el mínimo legal, que se elevará también al 0,79%. El Musel será uno de los principales afectados.
Por otra parte, se crearán nuevas tasas por el uso del dominio público. Una gravará las instalaciones dedicadas al transporte de energía elécrtica, gas, agua e hidrocarburos, como las canalizaciones subterráneas y las líneas de alta tensión. La otra está orientada a las empresas de telefonía móvil, al margen de la que ya pagan por la instalación de antes y cableado, y tendrá en cuenta cuestiones como el número de microceldas y repetidores instalados en la ciudad o el de líneas en funcionamiento en Gijón. También las entidades financieras pagarán más por la instalación de cajeros automáticos, pues su tasa anual pasará de 125 a 375 euros.
Pero no solo las empresas verán cómo suben impuestos, tasas y precios. El ciudadano de a pie sufrirá incrementos en servicios básicos como el agua y la basura. El precio del metro cúbico de agua se encarecerá un 5%, lo que en el caso de la tarifa doméstica supone pasar de 0,37 a 0,39 euros. Teniendo en cuenta que en 2018 el consumo medio fue de 139,12 litros por habitante y día, la factura bimestral subiría 0,16 euros por persona. En un hogar con tres personas, 0,50 euros cada dos meses. «Es una subida bastante razonable», apuntó Pineda. En Emulsa el incremento será de 0,50 euros al mes en el caso de los domicilios, que pasarán de una tarifa bimestral de 9,98 euros a otra de 10,98.
La concejala de Hacienda destacó que algunos incrementos de tarifas se aplican en aquellas cuestiones que más afectan al medio ambiente. Y junto a la generación de residuos y el consumo de agua puso el ejemplo de la movilidad sostenible. Los vehículos de más de 25 años, «los que más contaminan», dejarán de estar exentos del pago de la viñeta y para los vehículos históricos la bonificación del 100% que tenían se rebajará al 25%. Por el contrario, los coches eléctricos e híbridos enchufables tendrán un descuento del 50% si tienen una autonomía superior a los 40 kilómetros y del 25% si tienen menos.
Para fomentar el uso del transporte público, la gratuidad en los viajes autobús de la que ya disfrutaban los menores de 13 años se elevará hasta los 16. Y quien pague sus desplazamientos en EMTUSA con la tarjeta ciudadana o la de transporte verá reducido el precio de cada viaje de 0,82 a 0,70 euros. Aparcar el coche en las plazas reguladas de la ORA, mientras, será más caro. Cada hora en zona azul costará 0,90 euros -ahora son 0,85 la primera y 0,80 la segunda- y 8 horas en zona verde, 4 euros -cuesta 2,40-; la tarjeta anual de residente pasará de 45 a 50 euros y el coste de anular una multa subirá de 5 a 6 euros. Un turismo retirado por la grúa pagará 80 euros por la recogida y 8 euros por cada día en el depósito, frente a las actuales tarifas de 70 y 7,10 euros.
El Patronato Deportivo subirá sus precios una media del 4,7% -entre 0,20 y 1,6 euros-, a excepción de los abonos de las piscinas y el golf. Y Servicios Sociales rebajará el precio de la teleasistencia de 15 a 12,69 euros mensuales -manteniendo las bonificaciones, aunque con menos tramos- y no cobrará la ayuda a domicilio a menores en situación de vulnerabilidad.
Podemos y Cs fueron los primeros a los que el gobierno presentó ayer su propuesta fiscal para 2020. «El IBI diferenciado hará que Gijón sea menos atractivo para las inversiones empresariales», lamentó la formación naranja, mientras la morada indicó que el proyecto «suena bien» e indicó que negociará con el objetivo de lograr «una fiscalidad progresiva y justa».
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