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La transición que se vivió hace apenas dos meses en la presidencia del Puerto de Gijón fue cuanto menos anómala, sobre todo si se tiene en cuenta que el color del gobierno encargado de nombrar a los protagonistas del relevo no cambió en los nueve años que separan el ascenso de Laureano Lourido a la máxima responsabilidad de El Musel de la llegada de Nieves Roqueñí directamente desde el Consejo de Gobierno. La anomalía fue de tal calibre que la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón se vio en la necesidad de compartirla con los vocales del consejo de administración, tal y cómo quedó reflejado en el acta de la primera sesión presidida por la exconsejera el 20 de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico.
Además de los pormenores ofrecidos por Roqueñí, queda patente también que desde el Principado debían olerse que Lourido no iba a facilitar el traspaso así que, tal y como compartió Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, tras el relato de la nueva presidenta, «el 7 de febrero –8 días después de que Barbón confirmara el nombramiento de Roqueñí– se le dirigió una comunicación oficial a través del registro administrativo, orientada a facilitar, conforme a los principios de eficacia, coordinación y lealtad institucional, el procedimiento de relevo». En el mismo se requirió a Lourido «un dosier informativo sobre el estado actual de temas relevantes de la gestión de la entidad, como las líneas estratégicas, retos y desafíos, la situación del pago pendiente de la ayuda del Fondo de Cohesión al proyecto de ampliación, las circunstancias y procesos vinculados con la reclamación de TELF a EBHISA, el estado de proyectos estratégicos, así como otra información que pudiera considerar de interés». Seis días tardó en llegar la respuesta de Lourido, en la que «se remite esencialmente al contenido de las actas celebradas por este consejo», compartió Calvo.
Previamente, Nieves Roqueñí había explicado que, tras la publicación en el BOE de su nombramiento el 14 de febrero se incorporó el lunes 17 al desempeñó de su cargo, para encontrarse sobre la mesa del despacho un «breve» dosier y seis archivadores, una información tan escasa que no duda en compartir con el consejo que «valora el encargo de las auditorías que correspondan, así como realizar un requerimiento de información al anterior presidente del organismo», como consta en el acta de la sesión.
Respecto al contenido de la 'herencia' dejada por Lourido a Roqueñí, llama la atención que el «breve dosier» estuviera titulado como 'Resumen portuario Laurano Lourido Artime', con fecha 1 de enero de 2025, «con escuetas citas a algunos asuntos tramitados por la Autoridad Portuaria en los últimos años».
Tres de los archivadores contenían información de la solicitud de concesión de Umicore para instalarse en la ampliación y su proyecto de fábrica de baterías. Otros dos portaban «fotocopias de documentación diversa», entre lo que había «recortes de publicaciones en distintos medios en relación con el accidente del 'Castillo de Salas'», que naufragó en la bahía de Gijón en enero de 1986.
En el último archivador, identificado con el título 'Carbón Berge Triglav', Roqueñí describió cómo había un bloque de documentos denominado 'Investigación de la Autoridad Portuaria de Gijón para determinar lo sucedido con el carbón del Berge Triglav' y otro bloque con 'Complemento a la investigación'. Al encontrar también varios escritos y notificaciones del Juzgado de Pozuelo que lleva esta investigación penal, Roqueñí informó de que iba a pedir explicaciones a la directora gerente de la EBHI, Lucía Herrero.
La respuesta no debió ser satisfactoria, puesto que menos de un mes después, en el primer consejo de esta sociedad bajo presidencia de Nieves Roqueñí, Herrero fue cesada. Fue el mismo día en que la solicitud de Lourido para reincorporarse a su puesto de director de la EBHI fue rechazada por unanimidad. Igual pensó el capitán marítimo que con la herencia dejada en el despacho del Puerto, iba a colar.
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