«La recogió del brazo de su padre para asesinarla seis horas después»

«Fue condenado por un delito de malos tratos en su pena mínima, por la mera declaración de la señora Martínez, siendo absuelto del resto de delitos por los que se le acusaban», señalaron a la puerta del despacho del letrado gijonés, en la calle del Agua. En la misma sentencia se explica que «la declaración de la denunciante recogía notorias falsedades» y añade que «la empleada del hogar refirió que era la mujer quien llevaba la voz cantante, no él y que la persona que tenía más peso y carácter en la casa era doña Noemí y que el acusado se arrugaba».

El padre de Olivia estudia la posibilidad de interponer acciones legales contra el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por hacer públicas sus sentencias. «Ningún castellano leonés puede sentirse seguro con la privacidad de sus asuntos judiciales, sin que se garantice que sus asuntos judiciales se tratan de forma objetiva». Califica la difusión por cauces oficiales como «interesada y sesgada, pues se centra en el único pronunciamiento de condena, omitiendo los de absolución, a pesar del calvario judicial sufrido por Eugenio desde que le propusiese el divorcio a la señora Martínez», explican sus abogados.

«Tampoco ha dicho nada el Tribunal Superior de Castilla y León de la denuncia registrada por Eugenio ante la Guardia Civil por la sustracción de menores contra la señora Martínez, interpuesta el pasado 10 de enero de 2022, y cuya única situación ha sido la designación de procurador y abogado de oficio el 21 de octubre de 2022, diez meses después», haciendo referencia a la denuncia que interpuso cuando Noemí Martínez Largo se trasladó por primera vez a vivir a Gijón sin esperar a la autorización judicial. La jueza le ordenó regresar a Segovia con la menor y fue meses más tarde, en junio, cuando recibió la aprobación judicial para instalarse en Gijón y empezar el curso escolar en el colegio Corazón de María. Eugenio pidió entonces la custodia, un extremo que se resolvió a su favor el viernes 28 de octubre, un día antes de que su exmujer supuestamente matase a la pequeña con un cóctel de tranquilizantes y barbitúricos.

En el comunicado hecho público ayer, se hace hincapié en que «el señor García siempre ha defendido su inocencia, hasta el punto de que finalmente un juez le otorgó la custodia, teniendo en cuenta todos esos hechos». Añade que «resulta evidente con el desenlace, que con quien corría peligro la niña era con su madre». Lo achacan a «la perversión del sistema para el hombre, que tiene que acreditar que no ha maltratado a su pareja, pero la mujer no tiene nada que acreditar». «Son las consecuencias de la ley de Violencia de Género, pues esta perversión se traslada a los procedimientos de Familia, en los que, por presión política y social se tiende a velar más por los intereses de la madre que por los derechos de los menores», critican.

«La madre, sirviéndose de la confianza de su hija, presuntamente la intoxicó para asesinarla, prevaliéndose de su superioridad y violando el estrecho vínculo materno filial de confianza por la que ningún niño espera que su madre lo asesine. La recogió de brazos de su padre en Segovia el sábado para asesinarla seis horas más tarde en Gijón», especifica el comunicado.

Los letrados de la acusación particular consideraron que durante el procedimiento por el crimen de la menor «se demostrará la quiebra en el sistema judicial en lo referente a la Violencia de Género, la connivencia de un sistema judicial en el que pocos jueces se atreven a tomar decisiones que protejan al menor cuando hay la mínima sospecha de mediar maltrato si el favorecido en la custodia es el padre.

Para concluir han trasladado «el agradecimiento de Eugenio por las muestras de cariño recibidas estos días, así como su propio apoyo a su exfamilia política». Los abogados Daniel Labrador (de Segovia) e Ignacio Blanco (presidente de Vox en Asturias) hablaron como portavoces del padre y también como letrados de la acusación particular.