Las comunidades de vecinos de Gijón donde no se separe la basura serán apercibidas

La ordenanza de residuos e higiene urbana que ayer entró en vigor en Gijón, en sustitución de la aprobada en 1988, contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento se ponga en contacto con las comunidades de vecinos en las que detecte un reiterado incumplimiento de sus normas para tratar de solucionarlo. Así se recoge en el apartado dedicado a 'comprobación e inspección', donde se indica que el Consistorio «podrá dirigirse al administrador, presidente de la comunidad de propietarios, asociación de vecinos o quienes ostentaran la interlocución con la autoridad municipal» en aquellos casos «en los que de manera continua se incumpla por la comunidad algún artículo de esta ordenanza». El objetivo de esta puesta en contacto sería «acordar las acciones conjuntas que tengan por finalidad el cumplimiento» de lo estipulado en la nueva normativa municipal sobre basuras.

En el mismo apartado se indica que para controlar el cumplimiento de la ordenanza «los técnicos municipales (funcionarios) y los agentes de la Policía Local a quienes se les asigne esta tarea podrán realizar en cualquier momento comprobaciones en la vía o espacios públicos, así como visitas de inspección», debiendo cursar en su caso «las denuncias que resulten procedentes». También jugarán un papel en estas tareas los inspectores cívicos de Emulsa, quienes «colaborarán» con ellas «en el marco de los servicios» que tiene encomendados la empresa municipal. Sí se ha descartado durante la tramitación de la ordenanza la posibilidad de que estos inspectores cívicos denuncien a quienes infrinjan las nuevas normas sobre residuos, opción que sí venía contemplada en versiones anteriores del articulado. El texto definitivo recoge como únicas funciones para ellos las «de colaboración, asesoramiento y difusión en relación a la aplicación de normativa ambiental», recayendo las funciones de inspección en «los funcionarios municipales que tengan asignadas estas funciones y la Policía Local». Todo ello, con independencia de que «toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento la existencia de elementos, actividades y comportamientos que contravengan las prescripciones de la ordenanza».

La nueva normativa sobre residuos empezó a tramitarse el pasado mandato, llegando a aprobarse de forma inicial en el Pleno aún bajo el gobierno de Foro, si bien su aprobación definitiva, con la incorporación de algunas alegaciones recibidas durante el periodo de información pública, no tuvo lugar hasta el 24 de junio de este año, con el voto favorables de PSOE, Ciudadanos, Foro, PP e IU y la abstención de Podemos-Equo y Vox.

Tras su entrada en vigor, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV), manifiestan dudas tanto sobre algunos de sus puntos como sobre su configuración general. «Creemos que hay mucho que hacer en residuos antes de sancionar sin más», apunta su presidente, Manuel Cañete, sobre las multas previstas para acciones como no separar los residuos por fracciones (envases, vidrio, orgánica...). «Las medidas van sobre el consumidor final y no sobre el gran productor de residuos, a pesar de que la ciudadanía en general está asumiendo un gran compromiso al respecto», añade. Critica, además, que se pretenda sancionar a quien rebusque en los contenedores, medida que considera «injusta» por ir dirigida contra «los más pobres».

Cañete recuerda por otra parte que ya han trasladado a Emulsa la necesidad de solventar las deficiencias que tienen los actuales modelos de contenedores, entre ellas «la propia tapa, la ausencia de una pedal para izarla y la carencia de un cajón para personas en silla de ruedas».