El Ayuntamiento de Gijón mantiene en vigor la Ordenanza de Movilidad con el recurso al Tribunal Supremo

Aurelio Martín explicó que los servicios jurídicos municipales y los responsables de su departamento «creemos que la ordenanza es defendible y la sentencia se va a recurrir». Además, resaltó que el fallo judicial hace mención a un informe económico «insuficiente, pero no entra en el fondo ni cuestiona los objetivos de la ordenanza». No obstante, este proceso no supone que haya una suspensión de las medidas previstas en la ordenación, porque «es una sentencia declarativa. Hasta que no sea firme, no se podrá pedir la ejecución de la sentencia». Además, recordó que los responsables municipales tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Hasta que éste dé a conocer su dictamen, «todo continúa como está».

También quiso dejar claro el concejal que las futuras zonas de bajas emisiones tendrán una ordenanza propia y que el gasto previsto para la norma ahora anulada era de 323.000 euros, una cantidad que «no afecta a la estabilidad económico financiera del Ayuntamiento, que tiene un presupuesto consolidado de más de 300 millones de euros». Además, ahondó que la gran mayoría de aspectos incluidos en la Ordenanza de Movilidad tienen un periodo transitorio muy amplio y que su aplicación no sería «de la noche a la mañana», aunque cree que este documento es posible que «se pueda mejorar, evaluar o aportar cosas».

La sentencia, en opinión del concejal, no entra a analizar la esencia de la Ordenanza de Movilidad. «No entendemos que estén en cuestión los objetivos o la finalidad», indicó. No obstante, puso el acento en que «su señoría no visualiza en la sentencia un reto indispensable como es luchar por la salud pública y contra la contaminación». A este respecto, el Ayuntamiento de Gijón defiende que pretende cumplir un mandato procedente de la Unión Europea y del Gobierno de España, así como velar por la salud pública y la lucha contra el cambio climático reduciendo la contaminación producida por el tráfico en la ciudad. Por eso, se dirigió a los partidos de la derecha y les dijo que «esto es imparable. Habrá que mejorar los informes, pero la lucha contra el cambio climático es imparable. Pero se está jugando al juego político, al terreno embarrado y a judicializar la política». Añadió que «el negacionismo no nos lleva a ninguna parte, como Foro abrazando a Vox en el negacionismo y el PP en la hipocresía, porque es un partido de gobierno y va a hacer zonas de bajas emisiones, ¿cómo no las va a hacer?», se preguntó.

El concejal de Izquierda Unida defendió la ordenanza y aseguró que las medidas medioambientales que contiene son «muy blandas, casi simbólicas y de concienciación. Alguna gente está muy contenta porque la hayan anulado, pero todos tendríamos que arrimar el hombro para tener un medio ambiental mejor y eso significa hacer sacrificios».

Aurelio Martín, que rechazó dimitir al asegurar que ni él ni su director general ni los tres jefes de servicio tienen formación jurídica, sí indicó que toda la regulación continuará como hasta ahora, al menos, hasta que la sentencia sea firme, que calcula en año y medio, como poco. Además, explicó que las multas de la ORA impuestas a vehículos sin etiqueta ambiental y que por lo tanto podrían resultar nulas suponen el 20% de la puestas en zona de regulación de aparcamiento, «un importe muy pequeño. Pero si el Tribunal Supremo confirma la nulidad, quien recurra ganaría en la restitución de la multa», explicó.

No obstante, el edil quiso resaltar que, debido a sentencias simulares dictadas en contra de ordenanzas aprobadas en otras ciudades, «el Gobierno de España sacó un decreto ley para dar cobertura a las zonas de bajas emisiones», explicó el concejal.

Aurelio Martín lo tiene claro, porque defiende que la adopción de medidas para mejorar la movilidad y mejorar los espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos «serán fundamentales para la competitividad de las ciudades. No se realizarán inversiones en una ciudad que tenga atascos o no desarrolle proyectos de renaturalización. Las ciudades que no lo hagan no van a tener futuro». Y puso como ejemplo la ciudad de Valladolid, que «tiene todo el centro peatonalizado».

El concejal de Movilidad y Medio Ambiente defendió ayer la gestión que está llevando a cabo su departamento, a pesar de haber sufrido sentencias en contra en asuntos tan controvertidos como la renaturalización del río Piles, el 'cascayu' y, ahora, la Ordenanza de Movilidad. En opinión de Martín, su labor se basa en «intentar que la ciudad tenga unos objetivos coherentes con lo que marca la Unión Europea y el Gobierno de España para luchar contra la contaminación, mejorar el medio ambiente y proteger la salud». Explicó que su actuar es «claro, honesto y político. Otra cosa es embarrar con el populismos más baratejo al uso. No vamos a renunciar a luchar por un medio ambiente mejor».

Advirtió Martín a los partidos de la derecha de que, «si creen que pueden cobrar fondos europeos sin cumplir los objetivos de la Unión Europea, les digo que tenemos suficientes eurodiputados para asegurarnos de que no habrá ningún engaño con esos fondos públicos. No permitiremos que se destinen a otras cosas que no sean lograr una movilidad sostenible y mejorar el medio ambiente en la ciudad».

De cualquier modo, el concejal es sabedor de que todo el proceso judicial que se desarrolle a partir de ahora será responsabilidad de la próxima Corporación municipal, aunque ve un punto de contradicción en lo que está pasando, pues «para esa etapa, en Gijón tendrán que estar aprobadas las ordenanzas de las zonas de bajas emisiones, que regularían todo esto. Son medidas complementarias que dan cobertura a la ordenanza».

Por el momento, se mantienen las restricciones previstas en la ordenanza, como que los vehículos sin etiqueta ambiental seguirán sin poder aparcar en zona azul y que las personas con movilidad reducida tendrán que pagar la ORA, entre otras.