Una comisión se reunirá cada tres meses para vigilar que se cumpla el nuevo plan de vías

Al margen del hito, lo acordado ayer supone «el paso definitivo para la puesta en marcha del plan de vías y hacer de Gijón una ciudad referente en la movilidad del futuro», destacó la alcaldesa, Carmen Moriyón. Coincidió con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien entiende que «Asturias tiene hoy ante sí uno de los proyectos más intensos, importantes y complejos de su historia reciente». De materializarse tal y como se ha pactado, supondrá «un cambio radical» en las cercanías y repercutirá «en el conjunto de la comunidad, de occidente a oriente», abundó. El representante de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, que participó en la cita, no ocultó su «alegría porque, por fin, se da un paso que consideramos imprescindible». Eso sí, anticipó que su formación quiere «ver obras antes de que finalice 2019». El calendario de inversiones y obras compromete el final de las mismas en 2025. «Será necesario estar muy vigilantes y en alerta, tanto desde las instituciones como desde la ciudadanía, para presionar si fuera necesario y que no nos vayamos más allá de esos años», instó el edil.

Las antecedentes no invitan al optimismo. El convenio que hasta ahora estuvo vigente lo firmaron el 2 de septiembre de 2002 Paz Fernández Felgueroso como alcaldesa; Vicente Álvarez Areces como presidente autonómico y Francisco Álvarez-Cascos como ministro. Dieciséis años y medio después deja un par de estaciones suprimidas, un 'solarón' y cajas y cajas de estudios y proyectos. En suma, una inversión ejecutada de 52,97 millones. El nuevo pacto asegura que en casi un tercio de ese tiempo las tres administraciones serán capaces de hacer realidad un desembolso quince veces superior.

«Queremos ser evaluados, que tengamos la oportunidad de venir aquí y rendir cuentas (...) Que realmente con nuestros hechos, nuestros pasos administrativos, podamos recuperar la credibilidad que en el caso de Gijón, evidentemente hemos perdido». Esa fue la reflexión que en 2017 lanzó el entonces ministro Íñigo de la Serna, con el que empezó a desbloquearse y redefinirse todo el proyecto.

Para diluir ese descrédito al que aludía, el nuevo convenio ordena la creación de una comisión mixta de seguimiento, en la que estarán sentados los vocales de las tres administraciones. «Se reunirán al menos una vez cada tres meses, adoptándose los acuerdos que procedan por mayoría del 75% de los miembros», fija el documento. Las citas podrán adelantarse si las obras lo precisan o lo solicita «alguna de las partes». El redactado otorga así capacidad al Principado y al Ayuntamiento para forzar al ministerio a dar explicaciones ante cualquier demora.

En el primer semestre de cada año, además, Gijón al Norte elaborará un informe actualizando la inversión anual y plurianual, justificando los retrasos y avances, para que las partes puedan basar en ellos la elaboración de sus respectivos presupuestos.

Eso sí, el convenio incluye también mecanismos correctores. En un inicio, el equipo del actual ministro, José Luis Ábalos, restó urgencia a la necesidad del convenio aduciendo que las cifras que se podían estimar ahora estaban menos fundamentadas que las que se podrán trazar una vez se disponga del estudio informativo de la estación intermodal. Se trata de un borrador que saldrá a información pública este verano. Entre las cláusulas del texto se previene de que, en caso de que la solución recogida en ese trabajo «sea la planteada en el convenio pero los costes de la misma superen en un 20% el total de estimación global» se elaborará una addenda modificativa del convenio. También tocará rectificar caso de no lograr créditos bancarios para financiar las obras.