La Ley Ambiental plantea dudas sobre la vigencia del permiso dado en 2006 a la estación de Moreda

Antes de que el estudio fuera público, la alcaldesa Ana González puso a sus técnicos a analizarlo y elaborar comparaciones que decantaran la balanza. La regidora defiende la opción de Moreda e incluye entre sus argumentos que la declaración de impacto ambiental lograda en 2006 sigue vigente, mientras en el museo habría que solicitarla. González dijo que la ley da dos años para tramitar ese examen, tiempo que se suele superar «como hemos visto con la depuradora».

A Ciudadanos no le salen las cuentas. Su concejal Rubén Pérez Carcedo dice tener «serias dudas» sobre la vigencia del permiso y pedirá un informe jurídico a la secretaría de la sociedad Gijón al Norte que acredite si la declaración no caducó.

El permiso lo dio el 2 de octubre de 2006 el Ministerio de Medio Ambiente y entonces «no se establecía ningún plazo de vigencia de estas declaraciones», dice el edil. Luego un Real Decreto de 2008 estableció un plazo de caducidad de cinco años. En Ciudadanos recuerdan que Tribunal Supremo ya aclaró cómo aplicarlo a proyectos anteriores. En una sentencia estableció que la vigencia de los permisos previos al real decreto está tasada: «Es a partir de 2008 cuando ha de computarse el plazo de cinco años».

«No hay suficientes certezas, ya que no hay ningún informe jurídico o, al menos nosotros no lo tenemos, que asegure que esta declaración sigue vigente», manifestó Pérez. De hecho, el estudio informativo redactado por el Ministerio de Transportes hace un repaso de todos los documentos y permisos desde el inicio de plan de vías, la legislación vigente, y elabora luego un borrador de estudio de impacto ambiental con las consecuencias de las obras en cada emplazamiento. Es decir, trabaja sin reconocer a Moreda permiso alguno y prepara los papeles para tramitarlo.

Fuentes municipales indican que los técnicos de la casa que revisaron el asunto apuntan a la vigencia de a declaración de 2006. Según su análisis, el plazo inicial de la misma sería de cuatro años (como marca la ley ambiental desde 2013) prorrogables otros dos. Creen que sigue valiendo porque aquel permiso era a la «supresión de la barrera ferroviaria» e incluía el desmantelamiento de las estaciones de El Humedal y Jovellanos. Al haber ejecutado esa parte, estiman que la declaración evitó su caducidad.