La acusación popular pide ocho años de cárcel a los principales imputados del 'caso El Musel'

El macrojuicio por el 'caso El Musel' está un paso más cerca. En julio la magistrada de la Audiencia Nacional que instruía la causa, Carmen Lamela, propuso iniciarlo contra 24 altos funcionarios y directivos empresariales implicados en las obras de ampliación. Les supone la comisión de los delitos de prevaricación continuada y fraude. Acotado así el campo de juego, ahora acaban de mover ficha las acusaciones popular y particular, detrás de las cuales están respectivamente el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocan, entidad impulsada por Podemos) y un afectado por las expropiaciones de Aboño. Les tocaba concretar a quién acusan, de qué, y cuál es la pena que solicitarán. Tras ellos la Abogacía del Estado y la Fiscalía harán lo propio, y luego se dará plazo a los implicados para que, como vienen manteniendo, reiteren su inocencia.

En su escrito la letrada del Ocan, Gemma Arbesú, anticipa que luchará para que a todos se les condene a indemnizar a la Administración General del Estado con 250,92 millones de euros. A su entender «el fraude cometido traerá como consecuencia la obligación del Estado español de devolver a la Unión Europea una subvención ya percibida por la Autoridad Portuaria de Gijón, por importe de 198 millones de euros».

La abogada concluye que «las graves irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación, como en los sistemas de gestión y de control posterior por parte del poder adjudicatario, concertado con las empresas que formaban la UTE adjudicataria, dieron lugar a la obtención de beneficios económicos para particulares en detrimento de los fondos públicos, tanto propios de la Administración como de los Fondos de Cohesión con los que se financió la obra pública».

Los años de investigación llevaron a la instructora y al fiscal a descartar que en la causa se cometiera el delito de malversación, el más grave de los que inicialmente intuyeron. El Ocan en cambio sí encuentra base para recriminar ese ilícito, motivo por el cual propone una condena de cinco años de prisión y quince de inhabilitación para 23 de los procesados, esto es, todos menos el abogado del Estado José María Alcoba. La maniobra no está exenta de polémica. En otras causas se entiende que el auto de transformación emitido por Lamela en julio habría delimitado los tipos penales posibles, dejando fuera la malversación. Las defensas tratarán de hacer valer ese criterio para seguir descartando dicho delito.

Esta historia tiene a cinco protagonistas por parte del sector público, que son el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach; su ex director general, José Luis Díaz Rato; el exdirector de Puertos del Estado, Mariano Navas; el exsecretario de Estado, Fernando Palao y el propio Alcoba. En todos el Ocan observa fraude y prevaricación. Por ello defenderá que a lo anterior se le añada una pena de tres años de privación de libertad y veinte de inhabilitación. En el caso de Rexach y Díaz Rato tratará de aplicar un tipo suplementario de la prevaricación para alargar esa inhabilitación otros ocho años más.

De esta forma, de imponerse durante el juicio las tesis del Observatorio, Rexach, Díaz Rato, Palao y Navas serían condenados a ocho años de prisión, los 19 directivos de Dragados, FCC, Alvargonzález, SATO y Drace procesados se llevarían cinco años de privación de libertad, y Alcoba lideraría con tres. La indemnización de 250,9 millones se pagaría de forma conjunta y solidaria. Respecto a las multas que corresponda imponer a cada uno, la letrada Arbesú solicita que la Oficina de Averiguación patrimonial adscrita a la Audiencia Nacional investigue los bienes a nombre de los procesados, analizando sus cuentas bancarias, registros de la propiedad, y contactando con la Agencia Tributaria. Saber de cuánto disponen permitiría «determinar el importe adecuado de las multas a imponer».

El relato de hechos de acusación sigue al de la fiscalía. Mantiene que la obra se licitó en 2004 escogiendo una alternativa de diseño «precipitadamente y atendiendo a cuestiones más relacionadas con la financiación que con la operatividad, respecto al medio ambiente, eficacia y necesidad de proyecto». La idea era aprovechar la financiación comunitaria a la que Asturias dejaría de optar en los años venideros y por eso se dio luz verde a un diseño que en su propia memoria reconocía «limitaciones operativas, funcionales y de seguridad». Antes de convocar el concurso, Puertos del Estado emitió un informe apreciando «expresamente que el plazo de 48 meses estaba claramente infradimensionado». No había sido convocado el concurso y Puertos asumía que haría falta «una modificación del contrato al constatarse la imposibilidad de cumplir el plazo ofertado».

«Con anterioridad al proceso de licitación había un concierto para la adjudicación a favor de la UTE Dique Torres y tanto la Autoridad Portuaria, como los ahora acusados representantes de las empresas que conformaban la UTE, conocían la imposibilidad de explotar la cantera de Aboño» propuesta en el concurso, añade el escrito de conclusiones.

A ello añade un deficiente control de los camiones y cantidades, el pago de precios modificados sin que se hubiera aprobado los nuevos costes, reuniones en las que se reconocía que los cambios económicos debían prepararse «con mucha discreción» y retrasarlos por motivos políticos.

Para aclarar el asunto el Ocan propone un juicio con 52 testigos, lista en la que incluye al expresidente Vicente Álvarez Areces y los miembros del consejo de administración de El Musel durante le etapa señalada. Es una relación que afecta a los sindicalistas Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, el expresidente de la patronal Severino García Vigón, y representantes municipales como la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y el actual portavoz socialista, José María Pérez.