El expropiado del Alto Aboño reclama 3,45 millones a Rexach por los perjuicios causados

Si para un vecino el juicio del 'caso El Musel' tiene especial significado ese es José Prendes. Según recuerda su letrado, «lleva luchando por esclarecerlo todo y que alumbrara la verdad -que él intuía y expresaba, pero que no se pudo acreditar hasta que se abrió camino a la vía penal- desde el mismo momento en que se iniciaron los trámites de la expropiación forzosa en torno a principios de 2008, con contratación de varios peritos, notarios, fotógrafo, abogado, procuradores, viajes a Bruselas, a la sede de la Olaf, traductora, a Madrid, a la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera».

Prendes ejerce la acusación particular representado por el letrado Manuel Junquera, y a la hora de la verdad ha decidido formular acusación únicamente contra el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach. Le atribuye un delito de prevaricación por el que propone sea condenado a la inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años.

Como indemnización reclama el pago de las costas procesales, 2,5 millones por los bienes que le fueron expropiados presuntamente de forma indebida, y 950.000 euros más por los daños morales sufridos al verse «despojado de la vivienda-casería, con todas sus edificaciones anexas, donde nació y se crió». La factura se sitúa así por encima de los 3,45 millones que, caso de condena efectiva y de no tener Rexach cómo pagarlos, se le pasaría a la Autoridad Portuaria, a la que se designa responsable civil subsidiario de los perjuicios causados por el procesado. A El Musel se le dará ahora traslado de la petición para que asuma ese papel o explique por qué esta reclamación debe quedarse en el ámbito personal de su expresidente.

En su escrito de acusación el abogado Manuel Junquera recuerda que en el Alto Aboño se practicó una expropiación cuya justificación legal era efectuar una explanación «para la obtención de materiales para su aportación a las obras de ampliación». Una vez incautados los terrenos «no se tocó ni un metro cuadrado de terreno expropiado ni se obtuvo un metro cúbico de material» de esos suelos, argumenta. «Sin embargo, sabiendo la Autoridad Portuaria que no se iba a hacer nada, aún así, procedieron a la destrucción de todos los inmuebles existentes en el Alto de Aboño y en concreto, todos los bienes inmuebles que formaban parte de la casería asturiana donde nació mi representado», abunda. Además de la casona, la cuadra, la tenada y el hórreo, había una nave «de grandes dimensiones donde se celebraba la fiesta de San Lorenzo y se reunían más de 300 personas». Todo ello, y los olivos centenarios de la zona, desaparecieron. «Es obvio que con la decisión de destruir y derribar todos los bienes construidos en el Alto de Aboño, se eliminó el derecho de reversión» de los expropiados, concluye la acusación particular.