Elecciones generales 28A: Pactos de Estado sobre energía y demografía, entre las prioridades de empresarios y sindicatos para el nuevo Gobierno

Con los resultados del 28A aún en caliente y abiertas las opciones para formar Gobierno, los principales actores sociales y económicos del Principado se han apresurado en marcar las prioridades del ejecutivo. O, al menos, aquellas que consideran que deberían de estar en la agenda de Pedro Sánchez, ya forme un gobierno íntegramente socialista -como ha expresado la vicepresidenta Carmen Calvo-, o de coalición. En este sentido, el presidente de FADE, Belarmino Feito, abogó por una opción que cuente «con la suficiente solidez para gobernar para todos los españoles desde la moderación». Su homólogo de FEMETAL, Guillermo Ulacia, se expresaba en una línea similar: «Un gobierno estable y con capacidad para alcanzar los grandes acuerdos que necesita el país». Por su parte, Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, añade que el futuro ejecutivo debe «velar por la unidad de España».

Lo que parece fuera de toda duda es la recuperación de la hegemonía del PSOE tanto a nivel nacional como nivel regional. Y es que uno de cada tres asturianos optaron por la candidatura que encabezó Adriana Lastra este 28 de abril. De ellos, el rector de la Unviersidad de Oviedo, Santiago García Granda, se queda «muy satisfecho» con el elevado dato de participación e instó a los partidos a «ponerse de acuerdo para lograr el mejor Gobierno y un periodo de estabilidad grande».

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, no quiso hacer valoraciones sobre los resultados pero aprovechó la renovación de Pedro Sánchez al frente del Gobierno para recordarle que espera «la próxima aprobación del Estatuto de las electrointensivas» que ofrezca una solución a la situación de Alcoa y aporte un marco de referencia para medidas «de mayor calado».

«Es el momento de cambiar las cosas», así de rotundo se expresó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias. Y por ello, ya hizo la lista de deberes: «Derogar la reforma laboral, la reforma de las pensiones y la ley mordaza, la aprobación de una ley de igualdad salarial, la exigencia de tolerancia cero con la siniestralidad laboral, el reparto de la riqueza poniendo un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y una prestación de ingresos mínimos».

Desde CC OO, se expresaban en términos similares y engordaban las cosas por hacer, prioritarias -creen- para el nuevo Ejecutivo. Su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, enumeraba las siguientes: «garantizar el futuro de la industria con una tarifa eléctrica estable, predecible y competitiva, un Pacto de Estado por la demografía, y la urgente agilización de las infraestructuras pendientes que acaben con el bloqueo que Asturias sufre por tierra, mar y aire».

Los empresarios coincidían en poner la energía en el centro de las futuras políticas. Por un lado, Guillermo Ulacia exigía «un Pacto de Estado por la Energía, para afrontar la transición ecológica en condiciones favorables y a partir del consenso»; por otro, Felix Baragaño, reclama «una sensibilidad especial hacia Asturias, sobre todo en aquellas materias como la transición energética, al ser una de las comunidades más afectadas del país y empuje para finalizar infraestructuras como la Variante de Pajares».