El nombre del presidente nacional que inaugurará la variante de Pajares lo elegirán los españoles con su voto el 23 de julio. El adelanto desarbola la acusación de que la infraestructura se retrasaba a noviembre por interés partidista de Pedro Sánchez. ... La historia se escribe con renglones torcidos y vuelve a ser posible que un presidente y ministro del PP estrenen la obra capital de las conexiones asturianas.
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A la espera de lo que decidan las urnas, el adelanto electoral congela la agenda de infraestructuras que el Principado y el Ministerio de Transportes componían y lo hace con piezas por amarrar. De paso, reafirma a quienes pelearon para asegurar la licitación del vial de Jove antes de los comicios autonómicos. Que el contrato de 285,7 millones esté en fase de concurso desde el jueves pasado encarrila la inversión y la deja a salvo del parón propio de los procesos electorales.
'Acuerdos de la Castellana'
Situación: el 20 de febrero la ministra y los presidentes de Asturias y Cantabria firmaron un pacto que compromete al menos dos años de gratuidad en las cercanías de las dos comunidades y la renovación de toda la flota.
Riesgo: fruto del acuerdo hay un comisionado y se ha actualizado el plan de cercanías, pero la gratuidad no ha llegado al presupuesto estatal de 2024 ni se han licitado los trenes adicionales.
La Espina-Ponferrada
Situación: el ministerio rechaza asumir la conexión aduciendo que las carreteras en las que se apoya son autonómicas. El Principado ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer una permuta para cedérselas.
Riesgo: la alternativa no ha pasado de las conversaciones a un protocolo de intenciones.
Pago por uso de autovías
Situación: el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a avanzar en esta figura. Entre las alternativas que se manejaba estaba usar el dinero para minorar el peaje del Huerna o eximir a Asturias de la medida, dado que ya tiene autopista de pago en su acceso.
Riesgo: avanzar desde postulados menos sensibles.
Plan de vías de Gijón
Situación: se ha firmado un protocolo que cambia el convenio actual.
Riesgo: blindar el esquema con el que se trabaja exige de un convenio aún por redactar.
No puede decirse lo mismo de otras aspiraciones asturianas. Buena parte de los compromisos y negociaciones abiertas con el ministerio que rige Raquel Sánchez carece de un contrato, una partida presupuestaria o un acuerdo jurídico que los blinde ante eventuales vaivenes políticos. Ocurre por ejemplo con las compensaciones derivadas del fiasco ferroviario. En enero EL COMERCIO destapó que el contrato adjudicado en 2020 para renovar parte de la flota de trenes de ancho métrico (el asociado a Feve) estaba bloqueado por una discusión sobre el tamaño de las unidades a diseñar. El escándalo que vino después forzó a la ministra a firmar los 'Acuerdos de la Castellana', un pacto para desagraviar a Asturias y Cantabria.
El documento prometía nombrar un comisionado para los planes de cercanías, actualizar los mismos, extender la gratuidad del servicio al menos dos años y licitar contratos adicionales para lograr una renovación completa de la flota, entre otros hitos. Planes actualizados y comisionado hay, pero el adelanto electoral deja a la ministra sin preparar un Presupuesto General del Estado de 2024 que incorpore la gratuidad. Tampoco se ha licitado el contrato adicional para adquirir 12 unidades más con las que renovar todo el parque.
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Los acuerdos fueron firmados por la ministra, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y el de Asturias, Adrián Barbón. Las elecciones han apeado al cántabro, que será relevado por la popular María José Sáenz de Buruaga; queda por ver si pone la misma vehemencia en reclamar el cumplimiento íntegro del pacto.
Los de la Castellana, tienen naturaleza de acuerdo político entre instituciones, pero no dio tiempo a darles otro formato jurídico. Más indefinida es la situación en la que queda la solución que el Principado puso sobre la mesa para que el ministerio asumiera como proyecto propio mejorar la conexión entre La Espina y Ponferrada. La posición tradicional del ministerio es aducir que esa es una cuestión autonómica, pues no hay carretera estatal en ese ámbito. Para superar el escollo, la consejería que rige Alejandro Calvo propuso una permuta, de forma que el ministerio se hiciera titular de una vía regional a cambio de asumir la administración autonómica tramos de Nacional con función urbana. Se trata de una idea que tiene buena entrada en el ministerio, pero que no llegó a plasmarse en un acuerdo de intención o papel alguno.
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En el plan de vías de Gijón sí hay al menos un protocolo, firmado hace ahora un año y con un esquema bajo el cual se está avanzando. Eso sí, el convenio vigente sigue fijando la estación intermodaljunto al Museo del Ferrocarril y no ha sido relevado aún por otro acorde al protocolo.
Entre las cuestiones por consolidar está la entrada de Sepides en la ZALIA, con un capital que permita lanzar la subestación eléctrica, imprescindible para asentar empresas. La operación está encarrilada a la espera de cubrir determinados hitos mercantiles que le den forma.
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Hay varias 'patatas calientes', como el compromiso con la Comisión Europea para avanzar en el pago por uso de autovías, el proyecto de ley de movilidad que iba a acotar la financiación de servicios ferroviarios deficitarios o el nuevo mapa de concesiones para autobuses interurbanos.
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