N. A. E.
GIJÓN.
Miércoles, 9 de junio 2021, 03:37
La política del palo y la zanahoria del Gobierno con las eléctricas augura unos meses complicados en las relaciones entre el Ejecutivo y las empresas, que estudian acciones legales por el recorte de alrededor de 1.000 millones de euros que supondrá para ... ellas el cambio de remuneración para nucleares e hidráulicas planteado por el Gobierno. Esta modificación se tramita casi a la par que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que retirará del recibo el apoyo a las renovables, unos 6.500 millones, para repartirlo con gasistas y compañías de hidrocarburos, que ya han puesto el grito en el cielo. Y todo ello ocurre con los precios de la electricidad disparados, sobre todo, por el alto coste de los derechos de emisión de CO2. En este contexto, la vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice «cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores» y vele «sobre cualquier eventual consideración de consumos cautivos en los tramos puntas», tras la implantación también de la nueva tarificación horaria.
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Además, Ribera defendió ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado que ve «muy pertinente» abrir un debate sobre «cómo dar cobertura justa y equitativa» al dividendo del CO2 en los años de transición, de manera que parte de esa rentabilidad «pueda ser disfrutada por el conjunto de los consumidores, también los industriales».
Subrayó, asimismo, que a pesar de que solo un 9% de la generación de electricidad consume gas natural y CO2 y tiene unos costes «más elevados», el resto de tecnologías, como la nuclear o la hidráulica gozan de «una rentabilidad muy alta», debido a la condición marginalista del mercado eléctrico, ya que quedan retribuidas al mismo precio que las térmicas. No obstante, la ministra dejó claro que el Gobierno «no fija por decreto el precio de la luz en un sector que está liberalizado, aunque enormemente regulado».
Sin embargo, el senador del PP Juan Manuel Juncal Rodríguez acusó al Gobierno de adoptar un «tarifazo» con el sistema de tramos horarios, «complicando la vida a los empresarios y a las familias», y de buscar medidas como el FNSSE o el dividendo de CO2 que son «una patada y huida hacia adelante».
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«Hemos conseguido estabilidad, confianza, un marco claro y voluntad de inversión, convirtiéndonos en el país con más atractivo del conjunto de la UE», defendió en su réplica la ministra, añadiendo que el Ejecutivo de Sánchez ha eliminado «impuestos tan sorprendentes como el impuesto al sol y reducido la litigiosidad en esa especie de pesadilla en la que nos habían metido de arbitrajes internacionales».
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Además, se mostró sorprendida de que el PP critique una medida como el anteproyecto de ley del dividendo de carbono, cuando hace apenas 10 días en una enmienda en el Congreso instó a presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley de minoración de los beneficios caídos del cielo en el sector eléctrico, informó Europa Press.
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Asociaciones de consumidores y sindicatos también han cargado contra la política del Gobierno en materia energética, tanto desde el punto de vista del consumidor doméstico como del industrial. El último en arremeter contra ella fue ayer el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, que calificó de «auténtica vergüenza» lo que está sucediendo con el recibo de la luz y criticó, en referencia a Ribera, que «cada vez que la ministra interviene en algo, en lugar de mejorarlo lo empeora». En este sentido, reclamó que si finalmente hay una remodelación del Gobierno central, como se apunta, se aproveche para dar un giro a las políticas energéticas «que ponen en peligro el futuro de Asturias». Por ello, pidió un pacto de estado por la energía y que se consigan en España precios similares a los de otros países.
Asimismo, censuró la confusión que está generando la nueva tarifa eléctrica por tramos horarios. «La gente no sabe lo que paga ni por qué», señaló, y advirtió de los efectos perniciosos que tiene la subida de la luz en las empresas y los colectivos más vulnerables.
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Según Facua, el precio del recibo se ha disparado un 42% para el usuario medio en la primera semana del mes. Esto supone que la factura ascienda a 86 euros frente a los 60,58 de hace un año.
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