«Pasábamos todos los controles. Nadie nos dijo nunca esto no se hace así»

Justo Rodríguez Braga tenía «confianza plena» en las personas que se encargaban de los asuntos de formación dentro de UGT Asturias, sindicato del que fue secretario general entre 2000 y 2016. Así lo aseguró ayer en la primera sesión del juicio por presuntos fraudes de subvenciones públicos por el que la fiscalía pide diez años de prisión para el exdirigente sindical, que se sienta en el banquillo con cinco acusados más. «Niego rotundamente los hechos que se me imputan», subrayó al inicio de su declaración ante el tribunal, en la que se negó a responder a las preguntas de la acusación popular, ejercida por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN).

Rechazó la tesis del ministerio público, que apunta a que el sindicato presuntamente incrementaba las facturas que pasaba a la Administración por los cursos de formación que se encargaba de gestionar para parados y trabajadores; el beneficio así obtenido se habría destinado a sostener gastos de organización y de la plantilla. Un desvío que ascendería a 1,46 millones de euros. Lo hacía, según el fiscal, a través de una estructura formada por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y tres sociedades mercantiles: Localmur, Infastur y Formación 2020. Entidades que cobraban por suministrar materiales y equipamientos a UGT e IFES para la realización de estos cursos. Mientras que el fiscal sostiene que las facturas emitidas se inflaban respecto a los precios de mercado «con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato», Rodríguez Braga negó tal extremo.

Sobre la acreditación de gastos de los locales que eran cedidos y, por tanto, gratis para el sindicato, el ex secretario general aseguró que solo «eran cuatro paredes», por lo que no estaban acondicionados para impartir los cursos, de lo que se ocupaba Infastur. De ahí que fuera necesario destinar diversas cantidades a dicho fin. En cuanto a la inclusión de gastos de personal como costes asociados para abonar nóminas de la plantilla de UGT, como apunta el fiscal, Braga argumentó que «la normativa obliga a tener personal propio» para acceder a impartir cursos de formación, por lo que no había irregularidad alguna.

En este sentido, afirmó que no le consta que el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), entidad que otorgaba las subvenciones para formación, pusiera reparos. «Pasábamos todos los controles. Por eso nos extrañó cuando la fiscalía nos acusó porque nadie nos había dicho esto no se hace así». De hecho, «todo está aprobado y validado» por este organismo público y, además de las auditorías internas que realizaba UGT Asturias, estos procedimientos se sometían a otras «externas», que eran muy rigurosas, explicó.

El encausado argumentó que conocía «el trazo grueso, pero no la gestión diaria y pormenorizada». Sí tuvo conocimiento de la compra de un bajo del edificio construido por una cooperativa respaldada por UGT por parte de Infastur. Una operación que el fiscal considera que se realizó para «enjugar esas pérdidas» generadas por el proyecto inmobiliario. «No se atiene a la realidad», replicó Rodríguez Braga.

Sobre la relación con IFES, el exdirigente sindical indicó que era meramente «comercial» porque era a quien se subcontrataban parte de los servicios para la formación. «Somos organismos totalmente diferentes; sé que hay mucha leyenda urbana al respecto, pero no hay nada de eso. Nunca mientras yo fui secretario general impusimos quién debía ser el delegado de IFES».

También restó importancia a la presencia del secretario de Formación de UGT de la época -Manuel Díaz Cancio, también acusado- en el patronato de IFES, ya que solo respondía a que «así lo consideraba la fundación». Por otro lado, UGT Asturias emitió ayer un comunicado para defender su inocencia. «No se ha cometido ningún delito penal por parte del sindicato ni de las personas para las que se piden penas de prisión», recalcó.

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