Las defensas alegan que los delitos de fraude de subvención pública han prescrito

Varios de los abogados defensores también consideraron que se habían vulnerado los derechos de sus representados durante el desarrollo de la investigación y la instrucción por distintas causas, como la detención de Justo Rodríguez Braga «sin que constasen los motivos» en la denuncia, a juicio del letrado que ejerce la defensa del ex secretario general de UGT Asturias. Sin embargo, la magistrada se expresó con rotundidad en sentido contrario. «Creo que el fiscal obró en todo momento de buena fe», por lo que no admitió posibles situaciones de indefensión. Es más, subrayó que «la instrucción de esta causa ha sido hasta exquisita».

El juicio continuará mañana con las declaraciones de los otros cinco investigados: Mónica Menéndez, exsecretaria de Administración de UGT; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación; María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur; Alberto González, técnico responsable de la justificación de las subvenciones en UGT, y Silvia Sariego, encargada de lo mismo en IFES. El fiscal pide para ellos penas de entre cuatro y diez años de prisión por desviar fondos públicos.