Tres informes de expertos avalan la gestión de UGT en los cursos de formación

Se estudia si el sindicato habría utilizado sus fundaciones y empresas filiales para hinchar los costes de los cursos que organizaba con las subvenciones percibidas y sacar beneficios económicos. Como parte de esta mecánica de desvío de fondos, se le acusa de haber justificado ante la Administración regional como gastos de formación las nóminas de los trabajadores de la central que poco o nada tuvieron que ver con los cursos a los que iban dirigidas las ayudas.

Ante estas imputaciones, la defensa de UGT ha presentado en el juzgado tres informes suscritos por peritos independientes para tratar de rebatir los argumentos esgrimidos tanto por el Ministerio Público como por los diferentes organismos a los que la titular del juzgado ha pedido opinión. Los tres documentos, que suman más de doscientas páginas, coinciden en señalar que el destino de los fondos recibidos por el sindicato «ha sido el adecuado» y que los importes justificados tanto por parte de UGT como por la fundación IFES en las subvenciones recibidas entre 2010 y 2014 -años en los que se centra la investigación- «son correctos y valorados a precios de mercado».

El primero de los documentos, firmado por el economista y auditor de cuentas Félix Fernández Rodríguez, rechaza que las entidades vinculadas a UGT que participaron en las actividades subvencionadas (IFES, Formación 2020, Localmur e Infastur) constituyan ningún tipo de trama empresarial y por lo tanto niega que se pueda hablar de operaciones vinculadas o lo que se conoce como 'in-house'. También defiende el informe presentado por la defensa de UGT que los costes de estructura del sindicato, como pueden ser las nóminas de los empleados, «sí son subvencionables» como «costes asociados o indirectos», y ratifica un documento ya presentado por el sindicato que considera que los precios aplicados por las empresas que participaron en el desarrollo de los cursos y el alquiler de los locales «se ajustan a los del mercado».

El sindicato presenta, además, otros dos informes que llevan la firma del doctor en Economía Ricardo A. Queralt Sánchez de las Matas para dar respuesta, de forma específica, tanto a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -que cifra en 1,4 millones la cuantía recibida por el sindicato e IFES que «no cumple las condiciones para ser financiable» con cargo a las ayudas a la formación-; como a la Agencia Tributaria -que acusa al sindicato de «duplicar» el precio de los libros de los cursos para «lucrarse», así como de obtener un beneficio del 54% por la compra-venta de fotocopiadoras, proyectores y aplicaciones informáticas-.

La auditoría independiente presentada por UGT para dar respuesta a la IGAE sostiene, por contra, que los importes justificados por el sindicato y la fundación IFES en las subvenciones «son correctos y valorados a precio de mercado». En concreto, defiende que tanto IFES como F2020 y Localmur «han valorado todas las operaciones vinculadas a precios de mercado» y que, en contra del criterio de la IGAE, debe tenerse en cuenta a la hora de hacer este tipo de estimaciones el valor añadido de los servicios que prestan estas empresas. Considera, en definitiva, que el método utilizado por la IGAE para calcular los importes justificados no subvencionables son erróneos y que, en todo caso, ascenderían a 332.087 euros para IFES y a 68.784 para UGT, correspondientes a los alquileres de los locales. «Para todos los demás servicios no ha calculado ningún ajuste y exclusivamente se dedica a mostrar indicios y suposiciones sin base económica», reprocha.

Con respecto a los argumentos esgrimidos por la Agencia Tributaria, el mismo experto enumera en un tercer informe presuntos «errores» cometidos por este organismo. Además, advierte de que cuando F2020 compra los libros «actúa como mayorista y obtiene importantes descuentos», pero cuando los vende a IFES está limitado por ley al precio fijo «con márgenes de descuento que en ningún caso pueden sobrepasar el 15%». Esto explicaría, a juicio de UGT, el desfase de precio en los libros de los cursos que le reprocha la Agencia Tributaria.