La plantilla pide al Gobierno que paralice el ERE de Alcoa ante el retraso en el fallo holandés

Fueron más de dos horas y cuarto de argumentos contrapuestos y con traducción de por medio. En un rocambolesco giro burocrático, los comités de Alcoa de Avilés y La Coruña reclamaron ayer a un juez de Róterdam que paralice de forma cautelar el proceso de despido colectivo en España por vulneración del derecho de información y consulta del comité europeo, registrado precisamente en Holanda. De ahí que sea un magistrado de ese país el que ahora dirima si la multinacional americana privó a este organismo de realizar su dictamen sobre los cierres. El problema es que el fallo podría no llegar hasta el 3 de diciembre, tres días después de que termine el periodo de consultas para el ERE iniciado por la compañía. Ante esta posibilidad, los trabajadores insisten en pedir al Gobierno que frene el proceso en España y, de hecho, presentarán alegaciones para que se tenga en cuenta este hecho.

«Nuestra sensación fue positiva», aseguró en un comunicado el comité de empresa. Según su presidente, José Manuel Gómez de la Uz, «el juez entendió el fondo», es decir, que los despidos podrían producirse antes de que concluyan las deliberaciones del comité europeo y que, por tanto, no se podía seguir con ellos. Esta posibilidad tiene antecedentes. En 1997, un tribunal de Nanterre, en Francia, prohibió a Renault cerrar la fábrica de Vilvoorde (Bélgica) hasta cumplir con su deber de información y consulta con el comité europeo. El grupo automovilístico tuvo que dar marcha atrás y reiniciar las negociaciones, aunque finalmente acabó cerrando la factoría. En el caso de Alcoa, el proceso podría permitir ganar tiempo para encontrar un inversor.

Fuentes de la compañía aseguraron ayer a este periódico que la multinacional justificó ante el juez que ha seguido «rigurosamente y conforme a la normativa vigente» el proceso para los despidos colectivos y defendió también que no existe ninguna razón para detener el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Además, a pesar de asegurar días atrás que no hay marcha atrás para los despidos, insistió en que «aún no ha tomado una decisión» sobre los cierres. Entre los responsables de la firma que acudieron a Róterdam estaban el director de Recursos Humanos de Alcoa España, Borja Alvear; el vicepresidente de operaciones de Alcoa Europa, el noruego Kai Rune, y el consejero en Europa, Jesús Marín.

Según los representantes de los trabajadores, la abogada de Alcoa, a la que acompañaba también un letrado de la firma Garrigues, empleó «muchas inexactitudes» para intentar desmontar los argumentos de los trabajadores, incluso «tergiversando» documentos como en el que el Ministerio de Trabajo denunció la «ausencia de verdadera voluntad negociadora» por parte de la firma. Criticaron también que la multinacional asegurara que mantiene una interlocución fluida con el Gobierno o que, realmente, no hay nada decidido sobre un posible cierre.

Además de Gómez de la Uz, a la vista en Róterdam asistió el vicepresidente del comité asturiano, Daniel Cuartas, así como el eurodiputado socialista Jonás Fernández y el vicesecretario general de IndustriAll Europa, Luis Ángel Colunga.

Ya de tarde, los representantes de los trabajadores, además de una delegación de UGT FICA, fueron recibidos en Bruselas por los eurodiputados asturianos y se reunieron con Diego Canga, jefe de gabinete del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y Ruth Patterson, jefa de gabinete de la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen.

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