Tres agentes de la Guardia Civil, frente a las instalaciones de CAPSA. IMANOL RIMADA

Gobierno y transportistas pactan rebajas en los carburantes pero los paros se mantienen

Tras casi 15 horas de negociaciones, el acuerdo incluye una bonificación de 20 céntimos por litro y 450 millones en ayudas. La medida estará vigente hasta el próximo 30 de junio aunque prorrogable «según evolucionen los mercados»

CLARA ALBA

MADRID.

Viernes, 25 de marzo 2022, 00:53

Acuerdo 'in extremis' entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) –patronal mayoritaria del sector– para mitigar el golpe de la escalada de los precios de la energía sobre su actividad. Tras más de 15 horas de negociaciones que comenzaron pasadas ... las once y media de la mañana, las partes cerraban el acuerdo por el que se trata de revertir la subida «desproporcionada» de precios de los carburantes con un paquete de 30 medidas que supondrá un esfuerzo económico total de 1.000 millones de euros.

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La medida estrella acordada en una jornada maratoniana que tuvo momentos especialmente tensos por la noche es la del descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro. Una medida que estará en vigor, al menos, hasta el 30 de junio, prorrogable si la espiral alcista de precios se mantiene.

Entre los países de nuestro entorno, las rebajas aprobadas oscilan desde los 0,15 euros por litro aprobados por Francia para un periodo de cuatro meses (a partir de abril) a los 0,25 euros durante un mes en Italia. En Portugal, la bonificación es de hasta 0,30 euros en los transportes de 35 toneladas durante tres meses.

Además, habrá ayudas directas por 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo. Así, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).

Se incluirá una ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y una ampliación del período de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses, como medida de aplicación inmediata. Además, se establecerá una nueva línea de créditos al sector, avalados por el ICO, con 12 meses de carencia.

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Igualmente, antes del 31 de julio, el Ministerio de Transporte presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector para, posteriormente, presentarlo al Consejo de Ministros.

Negociación

El encuentro estuvo comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño –que lleva el peso de las negociaciones–, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la de Hacienda, María Jesús Montero, todas ellas conscientes de lo mucho que el Ejecutivo se juega en términos de credibilidad por su gestión de la crisis. Sobre todo ante el caos vivido en los últimos días con el miedo a la escasez y al desabastecimiento que ha provocado que muchos consumidores hagan acopio de alimentos de forma, en muchos casos, casi compulsiva.

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La presión al Gobierno en las últimas jornadas ha llegado también desde las grandes patronales empresariales, CEOE y Cepyme, por el daño y los parones en la producción que están sufriendo muchas empresas afectadas por el retraso en los suministros.

El acuerdo alcanzado en la madrugada del viernes puede apaciguar los ánimos. Pero no logrará la paz social perseguida por el Gobierno. Y es que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, impulsora de los paros iniciados el 14 de marzo, no fue convocada al encuentro celebrado ayer en el Ministerio de Transportes. Como tampoco lo ha sido al resto de reuniones mantenidas estas semanas con las distintas ramas de la CNTC, a quien el Gobierno considera el legítimo interlocutor del sector para solucionar el conflicto. «Representa al 90% de las empresas. Otra cosa es que la estructura del sector sea conformada por autónomos que son contratados por esas empresas, que es lo que está dando lugar a paros individuales, no a una huelga», defienden fuentes del Ejecutivo.

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Ya desde primera hora de la mañana del jueves, el representante de la Plataforma, Manuel Hernández, advertía que los paros no se desconvocarán hasta que no se sienten en la mesa con el Gobierno, a pesar de que muchas de sus reivindicaciones son las mismas que la patronal mayoritaria ha defendido en estos días de intensas negociaciones. Y este viernes aseguraba que el acuerdo se traduce en «migajas y propinas». «Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente», aseguraba en una entrevista en RNE a primera hora de la mañana.

La división en el sector es absoluta. «Temen que sea una organización de la calle, nacida y dirigida por los camioneros, con la que tengan que llegar a acuerdos» criticaba ayer Hernández a través de sus redes sociales. «A nosotros no se nos compra con dinero ni subvenciones, se nos arregla el problema», insiste. Por eso, mantienen los paros convocados para este viernes en distintas ciudades, con Madrid como centro de las protestas a las puertas del Ministerio de Transportes.

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El malestar ha llegado incluso al centro del Ejecutivo. Frente al rechazo para reunirse con los convocantes de los paros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogó ayer por la búsqueda de soluciones «con el conjunto del sector», insistiendo en que los transportistas movilizados «son los más vulnerables». Se aleja así del discurso empleado por algunos ministros que en los últimos días habían calificado de violentos de la ultraderecha a los huelguistas.

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