El Gobierno renuncia a ampliar el cómputo de la pensión y los autónomos cotizarán por sus ingresos reales

En este sentido, por un lado, el proyecto enviado a Bruselas propone la simplificación del número de contratos, con su limitación previsiblemente a tres: indefinido -que se diseña como el básico-, el temporal y el de formación. Y, por otro lado, tal y como avanzó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la misma rueda de prensa, se pretende que la «flexibilidad interna» que proporcionan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se integre en el sistema de forma permanente y más eficaz que en el pasado, para evitar que la solución ante situaciones transitorias de caída de la demanda sea el despido.

La voluntad que expresó Díaz es que las reformas se lleven al diálogo social. «Ojalá pueda acabar con acuerdo. Pero no siempre es así», advirtió Díaz, quien también señaló que los agentes sociales están «razonablemente satisfechos», porque todos conciden con «el diagnóstico».

Asimismo, el ánimo del Ejecutivo pasa por evaluar las políticas públicas que se desplieguen, después de haber concluido «lo que no funciona» en la actualidad, según ilustró la ministra de Trabajo: 169 millones de contratos firmados desde 2012 y más de seis millones de contratos solo en 2019 con duración inferior a siete días.

También se abordará la reforma de las subcontratas, además de las bonificaciones y deducciones a la contratación, así como la regulación de los 'riders' -hoy mismo se reunirá el diálogo social para tratar este último tema-. Además, se tocará la negociación colectiva, para modernizarla y acomodarla al siglo XXI.

En paralelo, la intervención en el mercado de trabajo conlleva un capítulo de inversiones de más de 2.000 millones con que se dotarán, por ejemplo, las políticas activas de empleo y la parte sociolaboral del ingreso vital mínimo. En materia de pensiones, el documento base será el acuerdo del Pacto de Toledo. Si bien, según Escrivá, ello «requiere una concreción» que ya ha tomado forma en los presupuestos, que abordan la asunción por parte del Estado de 14.000 millones en gastos impropios, además del impulso a los planes de empleo.

Pero, tal y como admitió Escrivá, un «elemento central» que se está abordando en el diálogo social es el mecanismo con el que va a «quedar garantizado ante cualquier situación y horizonte» el poder adquisitivo de las pensiones. Para la forma concreta con que se abordará, hay varias opciones. Otros elementos que incluirá la reforma serán mecanismos para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y desincentivar la jubilación anticipada. Y también se resolverá el escaso incentivo para extender la vida laboral con propuestas pendientes de afinar.

El ministro también insistió en que se construirá un sistema más equitativo para las carreras laborales más cortas y más largas y para aquellas que son más discontinuas, para paliar posibles lagunas de cotización. El texto no incluye la extensión del periodo de cómputo de la pensión hasta los 35 años. Escrivá afirmó que no se trata de establecer un año más o menos, sino de analizar las nuevas realidades del mercado de trabajo. Una de las primeras medidas que se adoptará, avanzó, será el establecimiento de un complemento de maternidad para cerrar la brecha de género que existe en las pensiones.

Y si se prevé derogar el factor de sostenibilidad, se incluirán mecanismos de solidaridad intergeneracional. Además, para reforzar la contributividad del sistema, el objetivo de la Seguridad Social es que a partir de 2022 los autónomos comiencen a cotizar por sus ingresos reales de una manera progresiva.