PALOMA LAMADRID
GIJÓN.
Sábado, 22 de febrero 2020, 03:02
La modificación de la reforma laboral efectuada por el PP en 2012 ya ha hecho saltar las primeras chispas entre el Gobierno y la patronal. Un punto en concreto ha provocado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española ... de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) se planten: los cambios que el ministerio pretende introducir en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación de obras y servicios. En concreto, para obligar a las contratas y subcontratas a equiparar las condiciones laborales de sus trabajadores a las de la plantilla de la empresa principal.
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Una estrategia que ha caído como un jarro de agua fría sobre los empresarios de Asturias, donde solo en el metal hay 4.000 trabajadores de empresas auxiliares. «De aprobarse la reforma de la subcontratación, se produciría una grave incidencia en la competitividad del tejido empresarial, haciendo inviable la supervivencia de muchas empresas, tanto principales como contratistas, que desarrollan su actividad en un entorno económico global», señaló el presidente de la Federación de Empresarios del Metal y Afines de Asturias (Femetal), Guillermo Ulacia.
Una opinión que comparte la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que advirtió de las «graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo» que supondría la equiparación de las condiciones laborales de las subcontratas y la compañía principal. Su presidente, Belarmino Feito, alertó de que sería «inviable» la supervivencia de muchas empresas subcontratadas, «en las que introduciría también un tremendo desbarajuste, con agravios y diferencias entre los propios trabajadores, dependiendo de la empresa para la que presten sus servicios». Si esta situación negativa se produce, recalcó, las empresas contratadoras «no podrán absorber todo el empleo que se pierda con su cierre, sobre todo en el actual contexto de desaceleración». A su juicio, «más que una mera reforma esto es un cambio de modelo económico, totalmente inadmisible».
Por su parte, los sindicatos se mostraron cautos en el análisis de la propuesta impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El responsable del Sector Auxiliar de CC OO de Industria en Asturias, Antonio Lueje, recordó que «hace años ya se trató de igualar las condiciones laborales del personal de las contratas con las de Arcelor», pero no fue posible ni siquiera tras un mes de huelga. Hechos que también rememoró el secretario de Política Sindical, Negociación Colectiva y Empleo de UGT-FICA, Javier Campa, quien subrayó que «la externalización es abusiva y posiblemente haya que regularla», al tiempo que depositó su confianza en que la mesa de diálogo social dé sus frutos para mejorar el empleo.
Además, en su comparecencia de ayer en el Congreso, la ministra avanzó un tema relacionado con esta medida: su intención de derogar la actual prevalencia del convenio de empresa para dar prioridad al convenio sectorial o al autonómico, según los casos.
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