El comité de CAPSA convoca otros 5 días de huelga y amenaza con paro indefinido

Las nuevas movilizaciones no tienen el respaldo de todos los sindicatos. La convocatoria salió adelante con el voto a favor del presidente de CC OO, pero hubo cinco votos a favor -los de CC OO y los de CSI-, otros cinco en contra -los de SOMA-Fitag-UGT y la Asociación de Empleados de CAPSA (AECAP)- y la abstención de los Independientes.

Manzano expuso que estas nuevas movilizaciones surgen ante la «nula voluntad por desbloquear el conflicto demostrada en la mesa de negociación» y la «política de amedrentamiento» a la plantilla. Todo ello, afirmó, a pesar de los «varapalos» en el ámbito judicial «por vulnerar el derecho a huelga de los trabajadores».

Manzano advirtió de que la dirección de Capsa no va a conseguir «romper» el tejido social generado entre los ganaderos y los trabajadores de Granda «por mucho que alguno de los altos cargos se empeñen en ello». Así, hizo un llamamiento a los mismos, «que son los verdaderos dueños de la empresa», para que «destituyan» a los que están «poniendo en peligro los valores de la compañía».

Por otro lado, el presidente del comité, José Ramón Urbano, anunció que esta es la tercera fase de movilizaciones después de las organizadas por la negociación del convenio y la «deslocalización de la producción llevando 1.300.000 litros a la semana al centro de Lugo».

«Ahora se suma la política represiva», dijo. Así, denunció la colocación de cámaras de seguridad en las instalaciones y una sentencia del Juzgado de lo social Nº5 de Oviedo que ordena el cese inmediato de los comportamientos contrarios al derecho fundamental a huelga y que obliga a CAPSA a pagar 6.251 euros a CC OO, CSI, UGT y el Sindicato Independiente de Central Lechera. Por ello, Urbano apuntó que los juzgados están dando la razón a la «parte social» y realizó un llamamiento al Consejo de Administración de Peñasanta, «los verdaderos dueños», a «poner orden» ante lo que ha calificado como un «clima insostenible» en Granda.

Explicó, en ese sentido, que existen sanciones de dos días por publicar «opiniones» en redes sociales y concluyó que la dirección de la empresa quiere «eliminar» un modelo social. Así ,dijo que las deslocalizaciones «están ahí» y afirmó que la negociación ha sido tutelada desde el Principado a través de la Dirección General de Trabajo, «pero CAPSA no hace caso a nadie». Resaltó que todos los grupos conocen la situación de la empresa, «pero sólo IU se ha reunido con la dirección, el resto no han hecho nada».