El subsuelo asturiano tiene gas para abastecer una década el consumo nacional

El análisis, además, solo considera los recursos existentes en las capas de carbón, por lo que los expertos aseguran que la cifra podría ser mucho mayor si se incluyeran las capas de pizarra o las arenas de baja permeabilidad. Sin embargo, a diferencia del gas argelino o el ruso, los recursos de este combustible fósil son fundamentalmente no convencionales -'shale gas', o de esquisto- y requerirían para su extracción la fractura hidráulica, que permite conseguir el gas de donde antes era imposible extraerlo. Para ello, hay que romper las rocas que lo albergan mediante la inyección a alta presión de un compuesto de agua (99,5%), arena y productos químicos a varios kilómetros de profundidad (entre los 2.000 y los 6.000 metros).

Las compañías de prospección calculaban, allá por 2014, que en España se podría extraer gas por alrededor de 700.000 millones de euros, pero eso era al precio de entonces, no al actual, completamente desbocado. Cifraban los recursos prospectivos no convencionales, absolutamente vírgenes en el país, en alrededor de dos billones de metros cúbicos.

«En Asturias, debido a las abundantes reservas de carbón que todavía existen, se podrían extraer importantes cantidades de metano aprovechando las capas de carbón», asegura Juan José Fernández, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, que recuerda que en el año 2004 el Instituto Geológico y Minero de España hizo un primer inventario de estos recursos y destacaba la cuenca carbonífera asturiana como la de mayor potencial. «Además, existen reservas de gases de esquisto, que sería factible explotar utilizando la técnica del 'fracking'», insiste. «El problema es que, para cuantificar realmente estos recursos, habría que hacer unas labores de investigación que durante años se han bloqueado y que la ley actual ya no permite».

La fractura hidráulica empezó a utilizarse en Estados Unidos hace casi medio siglo, pero ha ido avanzando hasta revolucionar su mercado energético en la última década. Gracias al 'fracking', el país americano pasó de ser dependiente de este combustible fósil a convertirse en el mayor exportador del mundo. Es ya, de hecho, el principal proveedor de España. Su gas extraído mediante fractura hidráulica llega a las regasificadoras para luego ser inyectado a la red. Hay seis instalaciones de este tipo en España, más la de Gijón, que no ha llegado a funcionar nunca, aunque se ubica en un lugar idóneo para recibir los barcos con GNL procedentes del otro lado del Atlántico.

Y mientras Europa sufre la dependencia energética de Rusia y en España se consume gas de 'fracking' importado, se ha renunciado prácticamente a la fractura hidráulica debido a la fuerte oposición que ha generado. Las mayores críticas están relacionadas con las posibles graves consecuencias para el entorno y la salud que se atribuyen a esta técnica, como el aumento de episodios sísmicos, el riesgo de contaminación de los ríos, las aguas subterráneas y la atmósfera con metales pesados como mercurio y plomo, radón, radio, uranio y otros elementos radiactivos o el excesivo gasto de agua.

Esa oposición parte de grupos ecologistas, pero también de vecinos, ayuntamientos y varias comunidades autónomas -las primeras en prohibir esta técnica fueron Cantabria y Navarra-. Este rechazo contrastó en su momento con el interés del Gobierno central, liderado entonces por Mariano Rajoy y el ministro del ramo, José Manuel Soria, que consideró al 'fracking' una cuestión estratégica de seguridad energética nacional.

En ese contexto, en España llegó a haber un centenar de permisos exploratorios. En 2016, el que fuera director de Shale Gas en el país, asociación que actuó como 'lobby' del sector, aseguró a este periódico que el Principado tenía un gran potencial como productor de gas natural y que incluso podría ser una salida para la reconversión del sector minero. Empresas como Hunosa, Petroleum Oil & Gas España y Vancast Exploration impulsaron sondeos en Asturias que, con el tiempo, fueron decayendo debido a los costes que suponía su extracción, pero también a una protección medioambiental más intensa en Europa que en EE UU, mayores presiones ecologistas y a la reducción de los precios por parte de los países exportadores, que desincentivaron así las búsquedas. La técnica quedó aparcada en el viejo continente.

Desde 2014, casi no se han solicitado permisos. Apenas dos, uno de ellos en Asturias, el proyecto 'Llábana', de Hunosa y Volta Energy; y otro en Aragón (en Barbastro y Monzón). El último intento en el Principado se anunció en marzo de 2017, cuando Hunosa obtuvo el permiso de investigación de hidrocarburos denominado 'Llábana-1' para sondear la viabilidad de la fractura hidráulica en una gran superficie que comprendía, principalmente, las comarcas mineras del Nalón y del Caudal. En total, más de 37.000 hectáreas. En junio de 2019, la hullera pública anunció que renunciaba a esta posibilidad ante «una serie de factores técnico-económicos», tras no encontrar sitios adecuados que reunieran las características necesarias y sin contar con «garantías de éxito para llevar a cabo la campaña de perforación de sondeos profundos de elevado coste». El proyecto había suscitado mucho rechazo desde sus inicios, como los que le precedieron: 'Granda', 'Villaviciosa', 'Laviana', 'Campomanes', 'Lieres', 'Mieres', 'Morcín' o 'Cuélebre 1 y II', entre otros, que llegaron a tener permisos. Las compañías achacaron la renuncia a la inviabilidad económica de los proyectos, pero también estaban afectadas por esa fuerte oposición vecinal.

Ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, se impulsó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que prohíbe el 'fracking'. Sin embargo, organizaciones como el Colegio Oficial de Geólogos se oponen a esta proscripción. «Me parece absurdo no utilizar los recursos que se tienen», señala su presidente, Manuel Regueiro, que pide sentido común para no permitir «que se haga lo que a uno le dé la gana», pero poder emplear las nuevas técnicas para reducir la dependencia energética. «Falta incluso todo el trabajo de investigación, salvo en el País Vasco, que sí se hicieron prospecciones. Al menos deberíamos saber lo que tenemos», apunta. Y como ejemplo da el caso de la plataforma continental de Canarias, «cuyos recursos los va a aprovechar Marruecos. Un sinsentido».

Lo cierto es que España no ha caminado a contracorriente en estos últimos años. En el resto de Europa tampoco ha triunfado esta controvertida tecnología, aunque ahora vuelve a estar sobre la mesa de algunos dirigentes. A principios de febrero, se abandonaron en Lancanshire (Reino Unido) los dos pozos operativos que había en el país y, sin embargo, un mes después se habla de «repensar» el modelo.

«En Europa existen muy pocos puntos de producción de gas natural y petróleo, por lo que hay poca tradición en este tipo de tecnología», asegura el decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, que añade como otro motivo «una campaña publicitaria promovida por grupos ecologistas en contra de esta técnica, con argumentos en muchos casos erróneos o falsos. Esto ha llevado a la opinión pública a rechazar estas técnicas, sin valorar debidamente sus consecuencias».

Para el doctor ingeniero de minas Juan José del Campo Gorostidi, España «tiene que reconsiderar su posición frente al 'fracking'», con el que cree que el país podría abordar el proceso de transición ecológica desde una posición de autonomía energética, a la vez que se lleva a cabo un pacto para la reindustrialización de España. «Estamos sentados sobre la energía que precisamos», apunta gráficamente sobre «el error» de proscribir la fractura hidráulica en España, que suma a a otros, como no contemplar la extensión de la vida de las nucleares o no haber apostado por la interconexión de España con la red gasista europea. «Ahora se pueden rasgar las vestiduras por no arrancar la regasificadora de El Musel, pero si no tienes conexiones, para qué la queremos», señala.

De hecho, acusa a la Unión Europea de haber dejado que un 'lobby' verde haya fijado su política en este sector, poniendo por delante «la ideología al pragmatismo». Y pone el foco en el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, al que acusa de no tener en cuenta consideraciones tecnológicas y negar las posibilidades para hacer autónoma a Europa. «Hemos tenido que ver las orejas al lobo para que se incluya en la taxonomía verde al gas y a la nuclear», apunta Gorostidi. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera, sin embargo, que esta inclusión «no tiene sentido y manda señales erróneas».