El Principado ve «manifiestamente insuficiente» el estatuto de la industria

El capítulo energético, la transición hacia un modelo económico 'verde' y el impacto de ese cambio sobre una economía que, como la asturiana, se asienta en buena medida sobre el pilar industrial son el gran terreno de confrontación política entre el Ejecutivo de Sánchez y el Gobierno de Fernández. Las diferencias entre ambos dirigentes y sus respectivos proyectos se soslayan en otros ámbitos pero no aquí, en la medida en que el Principado interpreta que los planes que se trazan en la Moncloa representan la amenaza directa de una segunda reconversión en la comunidad.

El estatuto llamado a aliviar la situación de la industria electrointensiva asturiana, penalizada entre otras cosas por el alto coste de la energía, no satisface en ningún caso las aspiraciones del Gobierno asturiano. A lo sumo, Pola admitió ayer, en su comparecencia posterior a la reunión semanal del gabinete, que el documento aportado por Madrid incorpora medidas «positivas». A partir de ahí, un mensaje crítico sobre la idea de que las propuestas se quedan cortas, que son «insuficientes».

Pola hizo especial hincapié en el apartado relativo a la compensación de costes indirectos por las emisiones de CO2. El escenario actual, razonó el consejero, que admitió las complicaciones que aquí provoca la prórroga presupuestaria estatal, sitúa esta partida en un máximo de 100 millones de euros, pero el criterio del Gobierno asturiano es que hay margen para ir más allá y «aprovechar al máximo» las posibilidades que en esta materia permite la legislación comunitaria. Este puede ser un «elemento muy importante», anotó, si bien no quiso concretar con más detalle las cifras a las que aspira el Principado. El plazo para presentar alegaciones concluye el próximo miércoles y el Principado trabaja ahora en el «análisis detallado» del documento para formular sus objeciones. Pola dijo confiar en que estas sean atendidas y que la versión definitiva incorpore «mejoras».

El titular de Industria fue cauto a la hora de pronunciarse sobre el impacto que el estatuto tiene sobre Alcoa y sus expectativas de futuro, en un momento en que sobre la planta avilesina de la aluminera pesa la amenaza de cierre. Dio a entender, eso sí, que en su redacción actual el documento se queda lejos de suponer una ayuda para la continuidad de la factoría, e insistió en la importancia de que se atiendan las alegaciones que presentará el Principado para abrir un horizonte viable de futuro.

Lo que evitó Pola fue respaldar las palabras que el martes trasladó el secretario general de la FSA y candidato autonómico, Adrián Barbón, que tildó de «indecente» la actitud de Alcoa y su reacción crítica al estatuto de la industria presentado por el Gobierno central. El consejero admitió que la multinacional tuvo una actitud «poco positiva» al inicio del proceso, pero matizó que después ya se ha incorporado a las negociaciones en las que se intenta buscar una solución de futuro. Es el momento de «aportar en positivo» y no de otro tipo de acciones, culminó.