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El sector metal asturiano, en boca de su presidente, Antonio Fernández-Escandón, ha denunciado este jueves «una burocracia lenta y analógica», que paraliza inversiones y actividad e impide que lleguen los fondos europeos al tejido productivo. Y todo, cuando las empresas se enfrentan «a ... una situación crítica», derivada de los costes disparados de las materias primas y la energía -con una inflación que ya supera el 10%-, los cuellos de botella de las cadenas logísticas, los tipos de interés al alza, la falta de profesionales cualificados y una fiscalidad que, censuró, es la más alta del noroeste de España. «La realidad es tozuda y no invita a ser positivo», apuntó, durante la clausura de la asamblea de Femetal, un acto que tuvo lugar en el Teatro de La Laboral de Gijón y en el que participó también la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, con un discurso coincidente en las principales reivindicaciones, entre ellas, que las trabas administrativas desaparezcan, una simplificación que supondría, además, un ahorro para el sector público, señaló.
Y Fernández-Escandón puso ejemplos concretos: un año de espera para instalar paneles solares en la nave de una empresa o un año para recibir una subvención del antiguo plan Reindus para invertir en maquinaria nueva. «Si este es el ritmo que nos espera se me hace difícil pensar en una industria competitiva», aseguró, para reclamar que, como en el sector privado, las administraciones públicas adquieran de sus homólogas europeas buenas prácticas de gestión. Y aún más en un momento tan complejo como el actual, y con la posibilidad que ofrecen los fondos europeos que, sin embargo, se están convirtiendo en «inacccesibles» por su «enrevesada tramitación y el exceso de burocracia». Solo uno de cada cuatro euros procedentes de Bruselas ha llegado a las empresas y estas deben ser «las principales receptoras», argumentó, en su primera asamblea como presidente de Femetal, marcada por un discurso muy crítico y peticiones claras, como que «es acuciante la necesidad de reducir la presión fiscal» en Asturias, principalmente el tipo marginal del IRPF para las rentas elevadas, Sucesiones o el Impuesto de Patrimonio o que se deben acercar los apoyos financieros a las empresas, «porque son las verdaderas generadoras de riqueza y de empleo.
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También censuró las medidas del Gobierno llamadas a reducir los costes energéticos, que calificó de «parches cortoplacistas» y que aseguró que «son escasas y están demostrando ser poco eficaces». Y a todo ello se suma una inflación desmedida, que alerta de que puede hacer saltar por los aires los convenios colectivos, «porque las empresas no podrán mantener los costes laborales en las condiciones fijadas», y una descarbonización sin proyectos alternativos, que obliga a Asturias a importar energía a unos precios superiores a los de los competidores nacionales y más aún que los internacionales, que disfrutan de ayudas que palían los precios.
En general, reclamó más inversión que active la economía y también «educar para el empleo», sobre todo cuando en Asturias hay casi tantas personas activas como inactivas y «no hay profesionales cualificados en el mercado laboral», a pesar de contar con una tasa de paro del 12%.
En la misma línea se manifestó María Calvo, que insistió en pedir un proyecto común para la región, como ya hiciera en la asamblea de Fade, y en que si a las empresas asturianas les va bien, «le irá bien a Asturias». De ahí que haga falta «un entorno amigable» para su desarrollo y que las compañías puedan ser fuertes y competitivas, que se coloquen como prioridad social. Tras recordar la coyuntura geopolítica y económica actual, y después de haberse entrevistado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este mismo jueves, apuntó también la necesidad de que no por mucho correr en la descarbonización se dejen atrás empresas, y pidió plazos razonables y suficientes recursos para abordar el proceso, más cuando se está demostrando que una excesiva dependencia del exterior «puede traer serios problemas».
También reclamó, en la misma línea que Fernández-Escandón, mejoras en el sistema formativo, avanzar en la FP Dual y también en la dualidad de los estudios universitarios. Y apuntó la necesidad de que la protección social no suponga un desincentivo al empleo.
El contexto geopolítico y el alza de costes impregnó buena parte de la clausura, que precisamente fue abierta por una conferencia de Loreto Mayordomo, directora de Ventas a Empresas de Total Energies, en la que abordó la escalada de la cotización de los principales indicadores energéticos, desde el gas, que se ha elevado un 400% a la electricidad, cuyos futuros implican incrementos del 240%. Y cifró la rebaja que ha supuesto el tope del gas en alrededor del 15%, aunque diluida por diversos factores, que van desde las importaciones que está realizando Francia a quiénes son realmente los clientes que pagan el diferencial del gas en ese tope, en la actualidad alrededor del 60% del total. Calcula que para el final de este mecanismo, previsto dentro de un años, sean entre el 80% y el 90%, debido a que se van incorporando aquellos que concluyen su contrato de precio fijo.
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