El Gobierno reafirma su apoyo al plan de Arcelor, que mantendrá «capacidad productiva y empleo»

La iniciativa planteada hasta ahora por la multinacional supone un recorte de cerca de un millar de trabajadores en Asturias, el 20% de la plantilla, y perder un millón de toneladas de capacidad. No obstante, el grupo en España sí mantendría la producción actual, ya que el Principado la perdería en favor de la planta de Sestao. Está previsto también que esta incremente su personal, aunque no es probable que se equipare con el ajuste de Gijón y Avilés. Esta reducción de empleo y de producción es, precisamente, el principal escollo para que los sindicatos acepten en Asturias el proyecto.

«El Gobierno está apoyando la descarbonización de las plantas de ArcelorMittal con el objetivo de mejorar su competitividad y ser referentes a nivel global, un proceso que permitirá mantener las capacidades productivas y el empleo», apuntó la ministra al finalizar el encuentro, sin aclarar si esto sucederá en las factorías asturianas o la pérdida en la región se compensará con el desarrollo de otras plantas del país, como pretende Arcelor. Desde los sindicatos consideran que es más factible esta segunda opción y que se cuenta con el empleo que genera HyDeal a la hora de realizar esta afirmación.

El plan de inversiones de Arcelor contempla un nuevo horno eléctrico en Gijón, que según aseguró Reyes Maroto cuenta ya con la financiación pública necesaria para su implantación, y una planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) que funcionaría con hidrógeno verde. Asimismo, está sobre la mesa la posibilidad de un nuevo horno eléctrico en Avilés, una demanda de los sindicatos para que la producción se reduzca lo menos posible.

El proyecto en conjunto supondrá una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros, de los que la empresa espera captar 500 de fondos públicos. No obstante, la primera fase, la de la acería eléctrica, tiene un coste más moderado. Según aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace justo un año cuando presentó en Gijón la iniciativa, requerirá unos 130 millones de euros. Se tratará de una infraestructura híbrida, ya que como materia prima podrá emplear tanto chatarra como DRI, que funcionará gracias a electricidad renovable y que tendrá una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas para abastecer a los trenes de carril y alambrón.

Por otro lado, destacó el ministerio que, además, Arcelor participa en el proyecto HyDeal, «que permitirá convertir a la cornisa cantábrica en el 'hub' de hidrógeno verde más importante del mundo y que prevé una creación de al menos 500 puestos de trabajo». «El acompañamiento en la materialización de estos proyectos, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el financiero, es una prioridad también para el Gobierno de España», recalcó Maroto, después de que la mayoría de actores implicados en la descarbonización, tanto industria como energéticas, hayan criticado la lentitud de las administraciones en la elaboración de las normas que tienen que permitir el desarrollo de sectores como el del hidrógeno verde o la eólica marina flotante, problemas que se añaden a los largos plazos y a la burocracia que afectan a renovables más maduras, como la eólica terrestre. El Gobierno subrayó, además, que mantiene el compromiso político de apoyar con la mayor intensidad posible, «dentro de la normativa en materia de ayudas de Estado y las disponibilidades presupuestarias», las inversiones que ArcelorMittal apruebe para sus plantas en España, tal y como se acordó en la reunión que la ministra mantuvo con el CEO de la empresa, Aditya Mittal, en Davos el pasado mes de mayo.

Pese a ello, faltarían aún negociaciones con la Unión Europea y se da la circunstancia de que, aunque el proyecto de descarbonización de las plantas asturianas se presentó hace un año, aún no ha sido aprobado por el comité de inversiones de la multinacional. Este hecho preocupa al Gobierno, en buena medida porque el caudal de fondos comunitarios tiene un límite temporal y, en el caso de los NextGeneration, se requiere que la ejecución esté finalizada en 2026.

La empresa, por su parte, condiciona el visto bueno a contar con el apoyo de la plantilla. Esta, sin embargo, se muestra reticente ante el recorte de personal que plantea y la pérdida de producción en favor de la planta de Sestao. De hecho, las relaciones entre empresa y sindicatos son tensas, con la negociación del acuerdo marco suspendida hasta septiembre, dada la alta incertidumbre y la exigencia de los representantes de los trabajadores de que se mantenga el poder adquisitivo, algo que rechaza Arcelor ante la elevada inflación y las malas previsiones para el negocio.

No obstante, las relaciones entre Gobierno y empresa son fluidas y, para avanzar en el proceso de descarbonización de las plantas, se ha acordado crear un grupo de trabajo para hacer un seguimiento periódico de todas las cuestiones relacionadas con el plan de descarbonización.