El Gobierno pide permiso a la Unión Europea para elevar las ayudas por costes de CO2

El resultado de la subasta eléctrica ha provocado una ola de preocupación y descontento entre las patronales de las empresas siderúrgicas y electrointensivas. Ambas claman por el histórico recorte de las retribuciones -alrededor de un 95% menos-, que dificultan aún más la competitividad de la industria española, gravemente afectada por el elevado precio de la energía que se paga en España. Ante este panorama, la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de Productos de Primera Transformación del Acero de España (Unesid), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) y los sindicatos CC OO y UGT-FICA enviaron, el pasado día 12, una carta a las titulares de los ministerios de Industria y Transición Ecológica.

Una misiva que han respondido Reyes Maroto y Teresa Ribera, a la que ha tenido acceso este periódico, y en la que comunican a las patronales y los representantes de los trabajadores su intención de consultar a la Comisión Europea la posibilidad de «incrementar la intensidad máxima autorizada para España en 2020» -que marca la Comisión Europea- para compensar los costes indirectos por el CO2 que soporta la industria. Otra de las limitaciones de estas retribuciones, apuntaron las ministras, es la disponibilidad de liquidez, ya que se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado La directiva europea 2018/410 recoge que los Estados miembros pueden destinar hasta un 25% de los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión a compensaciones por costes indirectos de CO2, que son aquellos que afronta la industria en su factura eléctrica por las emisiones contaminantes de las térmicas. Sin embargo, cada país tiene un factor de corrección en función de una serie de parámetros, con lo que hay diferencias entre los Estados miembros.

No obstante, las ministras recordaron que las ayudas para paliar los efectos de la elevada subida por el coste del CO2 han pasado, desde 2014, de seis millones a los 172 millones actuales, a los que suman los 196 millones de la subasta de interrumpibilidad -que cayó hasta los 4,38 millones en la correspondiente al primer semestre de 2020-, aunque se trata de partidas completamente diferentes. En cualquier caso, el aumento en las compensaciones por costes indirectos de CO2 no compensa el desplome de las retribuciones de la subasta eléctrica, que en el conjunto de 2017 sumaron 525 millones de euros.

Este bajón se debe a la decisión del Gobierno de sacar a subasta un 57% menos de bloques por las suspicacias de la Unión Europa a este sistema, que las considera ayudas de Estado, tal y como justificó el propio Ejecutivo central. En concreto, ambas ministras culparon a las limitaciones impuestas desde 2017 por la Dirección General de Competencia de Bruselas de la drástica merma en la potencia en liza: solo 1.000 MW frente a los 2.340 de la anterior, lo que representa una reducción cercana al 60%.

Asimismo, ambas ministras recalcan que el estatuto para los consumidores electrointensivos «está en avanzado estado de tramitación a la espera de que se conforme Gobierno». Una medida que Maroto comprometió a raíz del conflicto de Alcoa y que debía estar lista antes de las elecciones generales del 28 de abril. Precisamente, la patronal de las empresas electrointensivas se pronunció ayer sobre la catastrófica subasta, de la que salieron damnificadas Arcelor y Asturiana de Zinc, las dos únicas compañías de la región que concurrieron. «Casi sin retribución del servicio de interrumpibilidad, sin Presupuestos Generales del Estado y sin estatuto de consumidores electrointensivos, los nubarrones que vislumbrábamos a primeros de diciembre se han convertido en una tormenta perfecta que, si no se actúa con urgencia, causará un daño irreparable a la industria electrointensiva española», alertó Aege. Asimismo, aludió a la diferencia de precios finales con nuestros principales competidores europeos, sobre todo Francia y Alemania, que se sitúa entre 20 y 25 euros por MWh, que se mantiene inalterable. «Deben aplicarse medidas que solucionen esta desventaja competitiva de la industria básica nacional», remarcó.