CC OO, UGT y USO convocan una movilización el 22 de enero en Madrid

CC OO, UGT-FICA y USO convocan movilizaciones para el próximo 22 de enero, en Madrid, para reclamar al Gobierno que aplique medidas de protección para la industria electrointensiva. En este sentido, reclaman a los ministerios de Transición Ecológica e Industria que lleven a cabo las iniciativas necesarias «para que se corrija la actual situación» y así desaparezcan los riesgos que afronta el sector. Entre ellas, la aprobación del estatuto para los grandes consumidores de energía, el fomento de contratos bilaterales, el aumento de las ayudas por costes indirectos de CO2 y la reducción de peajes.

Asimismo, los sindicatos convocantes hacen un llamamiento a la «responsabilidad» de las empresas y les exigen que «no tomen ninguna medida que pueda suponer la pérdida de puestos de trabajo». Así lo explicaron ayer los responsables de las federaciones de industria de las centrales sindicales en Asturias: Damián Manzano (CC OO), Jenaro Martínez (UGT-FICA) y Juanjo Estrada (USO). Lo hicieron tras la firma del convenio del montaje y las empresas auxiliares del metal, que atañe a más de 5.000 trabajadores en la región. No obstante, las negociaciones, que se salvaron 'in extremis', se retomarán el próximo mes de enero para elaborar un convenio con un mayor horizonte temporal.

El presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, también hizo referencia al resultado de la subasta de interrumpibilidad, que «aumenta la vulnerabilidad» de las compañías electrointensivas. Aludió directamente a las elevadas tarifas eléctricas de España frente a las de otros países europeos, por lo que urgió al Gobierno a «explorar alternativas para que los costes regulados de la energía - como son los peajes o impuestos que soportan las industrias electrointensivas- se actualicen», de forma que se elimine la diferencia de precios de las empresas españolas con las francesas y alemanas. Además, recordó que más del 60% de los costes eléctricos son regulados.

Por su parte, la portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, acusó a las ministras de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, de actuar como «dos kamikazes» frente al sector industrial de la comunidad. Además, calificó de «imperiosa» la necesidad de aprobar el estatuto electrointensivo para garantizar la competitividad.