Industria considera «una falta de respeto» que el Gobierno no respondiera a las alegaciones del estatuto

Así las cosas, el Principado planteará cinco exigencias al Gobierno central. En concreto, la no condicionalidad de las ayudas a la existencia de crédito presupuestario suficiente, así como el mantenimiento de los apoyos a las empresas altamente electrointensivas durante los próximos dos años. También la equiparación para la industria electrointensiva de las compensaciones y ayudas actualmente en vigor en países como Alemania, Francia o Italia y la elevación, hasta el máximo permitido, de las compensaciones por costes indirectos de CO2. Otra de las reclamaciones que pone sobre la mesa el Gobierno regional es la definición, con carácter inminente, de un mecanismo de sustitución de las subastas de interrumpibilidad, «que beneficie principalmente a las electrointensivas», con una potencia suficiente, ya que considera que mil MW son «escasos». La última petición es establecer la posibilidad de negociar en el futuro otros mecanismos de apoyo a la industria altamente electrointensiva en la que podrían participar las propias empresas.

Asimismo, Fernández ha apuntado que no se descarta que pueda haber una negociación directa entre las electrointensivas asturianas sobre la modernización y transformación «con planes específicos para garantizar la supervivencia y el empleo de calidad» en la gran industria. Aunque no lo ha citado expresamente, esta es la idea sobre la que gira el proyecto del Gobierno central para construir una acería eléctrica en Arcelor. Una iniciativa adelantada por EL COMERCIO que se enmarca dentro del nuevo planteamiento de sociedades de economía mixta que hoy mismo ha aprobado el Consejo de Ministros.

En la constitución de este nuevo foro, el consejero ha remarcado la importancia de que no se politice el debate porque «no tendría mucho sentido trasladar los debates y las discrepancias», sino aquello que une al Gobierno, los partidos, los agentes sociales y otros organismos relevantes. «El objetivo de esta alianza es dar potencia a los acuerdos con una voz única regional», ha subrayado. Consensos que deben ser «sólidos, amplios y fuertes porque, en muchas ocasiones, se van a dirigir a la Unión Europea, al Gobierno de Madrid o incluso a centros de decisión empresarial que están fuera de la región y del país«. En caso contrario, »se haría un flaco favor a este objetivo«.

El secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, se sumó a ese «sumar esfuerzos, buscar consensos y arrimar el hombro» que fueron repitiendo todos los interlocutores al término de esta reunión constitutiva. Zapico estableció como prioridades para este nuevo órgano «la búsqueda de mecanismos que minimicen el daño del estatuto de electrointesivas y se haga un planteamiento de exigencia al Gobierno central para ganar tiempo y permitir a las empresas planificar inversiones y garantizar su futuro en Asturias». Para el secretario general de CC OO, «la transición energética no estaba siendo justa ni con los trabajadores y trabajadoras ni con los territorios. Y ahora tampoco con las empresas».

Por su parte, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, confía en que, tras esta primera reunión constitutiva, se cuente con un borrador «en los próximos días» que sirva para empezar a trabajar. Entre las prioridades, están claras: «Que el gobierno central habilite la compensación máxima por emisiones de CO2, y un sistema alternativa a la subasta de interrumpibilidad que en otro países se puede permitir y en España se dice que es ilegal», recalcó Lanero.

La voz más crítica, como ya había venido haciendo los últimos días, fue la presidenta del PP en Asturias, Teresa Mallada. «Son buenas intenciones (esta Alianza) pero llegan tarde y se quedarán solo en eso si este estatuto de electrointesivas sigue en vigor», señaló la también portavoz parlamentaria popular. A su juicio, «no sirve de nada el diseño de estrategias a futuro si no actuamos de forma contundente, rebelándonos contra el decreto en vigor, porque el Estatuto las contradice o no las recoge». Entre las exigencias lanzadas por la líder del PP asturiano, avanzó que «hemos planteado recurrir este decreto por vía administrativa ante el Ministerio de Industria y, si fuese necesario, llevar el recurso incluso a la vía judicial». En este sentido, y tendiendo su mano, como el resto de interlocutores, para adoptar acciones conjuntas, Teresa Mallada recordó que «el verdadero mecanismo a nuestro alcance que necesita la gran industria asturiana para mantenerse es el Estatuto Electrointensivo, y el Estatuto aprobado es absolutamente injusto».

Vox también fue duro en su análisis de la situación de la industria asturiana. Al término de la primera reunión de este formo, su portavoz, Ignacio Blanco, exigió al Ejecutivo de Adrián Barbón« que sea contundente y consiga para Asturias lo que se ha conseguido para la industria vasca, catalana o valenciana, y exija al gobierno una aplicación de la normativa europea similar a la que se aplica en Alemania, Francia o Italia». «No es de recibo que en Asturias el gobierno siga justificando una transición ecológica alocada en la que pagarán los platos rotos los trabajadores asturianos», añadió Blanco.

Por su parte, la portavoz paralmentaria del PSOE, Dolores Carcedo, subrayó que «la Alianza por la Industria debe ser un instrumento importante para reforzar con una sola voz los planteamientos de Asturias en defensa de nuestra industria y garantizar su futuro como sector estratégico».

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, celebra la constitución de esta Alianza por la Industria aunque lamenta «que no se hubiese planteado antes». «Como siempre, llegamos tarde, ya que desde hace tiempo se sabía que el estatuto no iba a cumplir las expectativas porque no se habían aprobado las alegaciones presentadas», señaló Fernández quien, no obstante, valoró que se cuente con los agentes sociales y partidos políticos para «dar una voz única, común y fuerte» de la industria asturiana. Sobre las expectativas, la portavoz de Ciudadanos confía en que «no consista en sentarnos a debatir cómo corregir ciertas medidas, sino en evitar que se lleguen a dar ciertas circunstancias que la industria asturiana no pueda asumir».

Desde Podemos, su portavoz en la Junta, Daniel Ripa, citó como prioritario «reforma del sistema eléctrico que abarate los precios de la electricidad, porque debemos preguntarnos por qué tenemos precios más altos que otros países». Asimismo, instó a realizar un «estudio comparativa con otros países y su situación energética y de producción, así como analizar si tienen una legislación más o menos favorable». Sobre el arancel ambiental, Ripa señaló que «tenemos que ver cuales son las consecuencias positivas y los riesgos, y tener la seguridad de que existen beneficios a nivel europeo»

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, insta a que el Ejecutivo autonómico lidere una respuesta conjunta de la sociedad asturiana ante lo que considera «una nueva discriminación hacia el Principado» por la aprobación del estatuto de electrointensivas. «El Presidente Adrián Barbón no puede permanecer de brazos cruzados», señaló el portavoz forista a quien le parece «una tomadura de pelo» que el gobierno central suspendiese las subastas de interrumpibilidad en el primer semestre alegando su incompatibilidad con la regulación de la Unión Europea «mientras que países como Italia las aprueban». Adrián Pumares aseguró que el Gobierno del Principado cuenta, en esta batalla, con «el respaldo de toda la sociedad asturiana, de los agentes sociales y de los partidos políticos».

Previa a la constitución de esta Alianza por la Industria, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se reunió con los agentes sociales. Allí se planteó una negociación con el Gobierno central por tres vías. Por un lado, a través del Principado con los ministerios de Industria y Transición Ecológica. Por otro, con las empresas altamente electrointensivas, para estudiar qué soluciones se pueden adoptar para que sus costes sean más competitivos y buscar un acuerdo con el Gobierno español para aplicarlas. Por último, el Principado y los agentes sociales plantean detallar las necesidades más urgentes a las que es necesario dar respuesta.

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