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EFE
Jueves, 11 de junio 2020, 20:14
El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha expresado este jueves sus «sospechas de la actividad liquidadora» del Grupo Riesgo en la antigua planta de Alcoa en Avilés tras detectarse la salida de material hacia destinos desconocidos o clientes poco habituales, por lo que ... ha urgido la intervención del Ministerio de Industria.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del parlamento asturiano para exponer la situación de Alu Ibérica (antigua Alcoa), que fue adquirida el pasado mes de abril por el Grupo Riesgo al fondo Parter, el consejero ha expuesto su «falta de confianza en las verdaderas intenciones« de los nuevos gestores.
Fernández, quien ha recordado que Riesgo llegó a Alu Ibérica de forma «sorpresiva» y «a espaldas» del Ministerio de Industria y del Principado, ha afirmado que los nuevos gestores siguen sin presentar un plan financiero que avale su proyecto.
Para argumentar la desconfianza hacia los nuevos gestores, el titular de Industria ha dicho que Riesgo, propiedad de un despacho legal madrileño, manifestó su vinculación a grupos industriales que posteriormente lo negaron.
Además, tras incurrir en impagos a empleados y proveedores, el Grupo Riesgo presentó como «inversiones novedosas» para tratar de justificar su proyecto industrial la compra de un horno de muestreo con chatarra que, según los expertos consultados, tiene «una más que dudosa eficacia productiva» en las instalaciones avilesinas.
El Grupo Riesgo también presentó a la Consejería el pasado 3 de junio un proyecto industrial en formato power-point, «que no es el habitual», que «no solo no mitiga sino que acrecienta las dudas acerca de la existencia de un proyecto solvente» a la vez que constata su intención de cerrar las series de electrolisis que sirven para fabricar aluminio primario, sin alternativa para recolocar a la parte de la plantilla dedicada a esa actividad.
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En las últimas fechas, ha continuado, el Principado ha tenido conocimiento de la salida de materiales «sin destinos identificados o hacia clientes que no forman parte del trafico habitual de la empresa», lo que «alimenta las sospechas no solo sobre la capacidad industrial de la empresa sino también sobre una posible actividad liquidadora en la planta».
Por todo ello, Fernández ha instado a Alcoa y a Parter, que acordaron el traspaso de las plantas de Avilés y A Coruña en julio de 2019, que reviertan la reciente operación de venta a Riesgo para dar cumplimiento a los compromisos de mantenimiento de actividad y empleo.
El consejero también ha recordado que el Principado ha exigido al Ministerio de Industria que busque soluciones «sin descartar ningún instrumento» legal, «incluida la posibilidad de acudir a la intervención pública».
El consejero ha precisado que el Gobierno de España es el que tiene que valorar una posible intervención pública, algo que está fuera de la competencia del Principado, que está «defendiendo el objetivo» y pidiendo al Ministerio «que busque los medios convenientes».
Fernández ha admitido que el proceso «no está exento de dificultades» porque hay un «entramado jurídico-mercantil» que podría terminar en pleitos, lo que «no conviene entrar como un elefante en una cacharrería».
No obstante, ha remarcado que la situación está ya «fuera de límite» por lo que el Principado seguirá urgiendo a Industria que se salga de ella «inmediatamente».
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